BRUSELAS.- Cuatro meses después de haberse desvinculado del comité de expertos independiente creado por el Gobierno de Juan Carlos Varela para evaluar las prácticas financieras del país y fortalecer la transparencia, el premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth hicieron público este martes 15 de noviembre de 2016 en Bruselas (Bélgica) un informe propio.
El documento amplía el trabajo que ambos comenzaron en
Panamá tras el escándalo que supuso la supuesta filtración de millones
de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca –publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)– al poner de manifiesto el uso de estructuras offshore para ocultar activos y evitar el pago de impuestos.
En su análisis consideran a los paraísos fiscales como "los portadores
de una peligrosa enfermedad" e instan a la comunidad internacional a
ponerlos en “cuarentena”.
"Estos paraísos existen únicamente porque Estados Unidos y Europa miran
a otro lado. (...) Las dos potencias económicas podrían fácilmente
prohibir que un particular pueda poseer una cuenta en un paraíso fiscal o
ser accionista, director o administrador de una entidad situada en
estas jurisdicciones no cooperativas", explican.
Así, reclaman "tolerancia cero" ante aquellos individuos que se benefician de la falta de transparencia de estas jurisdicciones y las usan para llevar a cabo actividades ligadas al crimen, la evasión fiscal o la corrupción.
"Los paraísos fiscales ofrecen un amplio abanico de oportunidades no
solo para facilitar la evasión fiscal y la evasión, sino también para el
blanqueo de capitales, facilitando así toda suerte de corrupciones y
actividades socialmente destructivas y moralmente repugnantes",
advierten.
En este sentido, acusan a los paraísos
fiscales de "conspirar" en delitos que van desde la corrupción hasta la
pornografía infantil y formulan una serie de recomendaciones para
erradicar estas prácticas ilegales.
Piden que sea
obligatorio la identificación final del beneficiario de las cuentas
bancarias y de las empresas, algo que califican como "clave" tanto para
permitir el intercambio automático de información, como para prevenir el
blanqueo de capital.
En el documento, los expertos
exploran la posibilidad de considerar "ilegal" que un banco establezca
relaciones con paraísos fiscales al tiempo que piden que el sector
inmobiliario esté obligado a comunicar quién es el propietario final de
los inmuebles.
También esgrimen la necesidad de crear
una plataforma con los datos relativos de los registros contables de
las empresas y señalan la conveniencia de que esta sea pública para que
pueda acceder los periodistas y saquen las conclusiones de los casos
adonde no llegan las oficinas tributarias ya sea por falta de recursos o
de voluntad política.
Para los expertos en economía,
con esta medida se facilitaría el rastreo de los movimientos de capital
que permita reconocer aquellos fondos que provienen de actividades
ilícitas, como la trata de blancas, el narcotráfico o la corrupción.
"Si uno supiera dónde se ha escondido el dinero robado por un dictador,
potencialmente se podría recuperar, y hacer rendir cuentas a aquellos
que facilitaron la corrupción", aseguran en el informe.
Asimismo, también abogan por tratados que promuevan el intercambio automático de información fiscal entre países.
Sobre este punto,
Stiglitz y Pieth matizan que son los países desarrollados los que
tienen que dar el primer paso y compartir sus datos con aquellos socios
en desarrollo que no tienen la capacidad aún de actuar de manera
recíproca. Ambos expertos recalcan la importancia de actuar
contra las redes opacas y las "entidades zombies", para lo que piden que
las autoridades refuercen la tarea de recolección de datos y su
posterior verificación.
Por ello, instan a obligar a
las corporaciones y otras entidades legales a pagar una tasa anual y a
completar un informe que refleje en qué jurisdicciones han tenido
actividad económica y los impuestos que han sido pagados en éstas.
Por otro lado, subrayan que además de supervisar a los bancos e
institutos de crédito, es necesario que se controle también a las
empresas y a los intermediarios, así como a los abogados que ejercen de
agentes residentes.
A estos últimos consideran que
deberían ser penalizados si facilitan la evasión fiscal, el blanqueo u
otro tipo de operaciones similares.
"Cualquier abogado, agente registrado u otro actor que, sabiéndolo, registra una empresa o un trust cuyo
principal propósito es evadir o eludir impuestos o dedicarse al
blanqueo de capital debe ser sujeto a una suspensión y, en el caso de
ofensas múltiples, a la revocación de su licencia”, aseguran.
En el documento también advierten contra aquellos fiduciarios que
actúan en nombre de las empresas sin realmente estar implicados en
ellas, ya que cuestionan que puedan realmente hacerse cargo de sus
responsabilidades "asumiendo, por supuesto, que se trata de entidades
reales".
De esta manera piden limitar las posiciones que una sola persona puede ocupar para evitar las figuras de los testaferros.
Finalmente, reclaman la protección de aquellas personas cuyo testimonio revela tramas de este tipo.
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