MOSCÚ.- Rusia ha revocando hoy la firma del Estatuto de Roma, que dio origen a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. La disposición que Putin ha promulgado con fecha de hoy
decreta "aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada
con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía
General y el Comité de Instrucción de comunicar al secretario general de
la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional", adoptado el 17 de julio de 1998 y
al que Moscú se incorporó el 13 de septiembre de 2000 aunque nunca
llegó a ratificarlo.
El tercer punto del documento establece que la
medida ha entrado en vigor desde el momento de su firma, lo que
significa que Rusia ha dejado ya de estar bajo la jurisdicción de La
Haya.
Ahora, tras el abandono de la jurisdicción del CPI, ningún
ciudadano ruso podrá ser juzgado en La Haya. Sólo el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas podría exigir responsabilidades por
crímenes de guerra, pero en su seno Rusia tiene derecho a veto. China,
Estados Unidos e Israel tampoco están sujetos a la jurisdicción de La
Haya.
En un comunicado aparte del Ministerio de Exteriores ruso se
afirma que "lamentablemente, el CPI no ha justificado las esperanzas
puestas en él y no ha llegado a ser un órgano de justicia internacional
independiente y de prestigio". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov,
ha explicado que la decisión de Putin "tiene como objetivo la defensa de
los intereses nacionales de Rusia".
Al mismo tiempo, Peskov insistió en que la medida no tiene
nada que ver con las declaraciones hechas este martes por la fiscal del
CPI, Fatou Bensouda, en cuanto a que la anexión de Crimea y la ayuda
militar de Moscú a los separatistas del este de Ucrania "podría
considerarse un acto de guerra y de ocupación".
Según Bensouda, los
jueces de la Corte tratan de determinar si Rusia controla a una de las
partes beligerantes en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y,
de ser así, "habría que hablar de un conflicto armado en el que Rusia
participa".
Otro choque entre Moscú y el CPI se produjo el pasado enero,
cuando el Ministerio de Exteriores ruso denunció su "parcialidad" por
iniciar una investigación por posibles crímenes de guerra durante la
guerra relámpago lanzada por las tropas rusas contra Georgia, en agosto
de 2008, después de que el Gobierno de Tiflis decidiera recurrir a la
fuerza para recuperar el control sobre el conflictivo enclave
separatista de Osetia del Sur. También el Tribunal de la Haya condenó a
Rusia en julio de 2014 a pagar 50.000 millones de dólares a los
propietarios de la petrolera Yukos por su desmantelamiento.
En diciembre del año pasado, Putin promulgó una ley para
permitir a su país incumplir las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, si contradicen la Constitución rusa. Moscú firmó en
1996 el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoció con ello la
jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, que dictaminó en julio de 2014
que Rusia violó el Convenio Europeo de Derechos Humanos por haber
arrestado, detenido y expulsado colectivamente a ciudadanos georgianos
del país de forma "arbitraria" en 2006.
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