BRUSELAS.- Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron hoy un
acuerdo sellado con el Parlamento Europeo que permitirá dar una mayor
voz a los accionistas en cuestiones como las políticas de remuneración
de los directivos de su compañía, que deberá ser hecha pública una vez
se vote.
"Los accionistas tendrán el derecho a votar
la política de remuneración de los directivos de su compañía", explicó
en un comunicado el Consejo de la Unión Europea, la institución que
representa a los Estados miembros.
Las nuevas normas, que ahora serán adoptadas formalmente
para entrar en vigor, revisan la directiva europea de derechos de los
accionistas y pretenden que estos se impliquen más en las compañías para
favorecer su rol de contrapeso a la directiva.
"La
crisis financiera reveló que en muchos casos los accionistas apoyaban la
excesiva asunción de riesgos a corto plazo tomada por los directivos.
La revisión de la directiva busca corregir esta situación y contribuir a
la sostenibilidad de las compañías", aseguró la ministra de Justicia de
Eslovaquia, Lucia Zitnanska, como país que ejerce la presidencia de
turno de la UE.
Las nuevas reglas buscan que las
políticas de remuneración de la compañía "contribuyan a la estrategia
general del negocio, los intereses a largo plazo y la sostenibilidad de
la compañía, y no esté ligada a objetivos a corto plazo", según el
Consejo.
Para ello, se analizará el trabajo hecho por
los directivos, pero no solo según criterios financieros, sino también a
otros más amplios como "factores apropiados medioambientales, sociales y
de gobernanza".
Además, las normas señalan que "las
políticas de remuneración tendrán que hacerse públicas sin tardanza,
después del voto de los accionistas en su encuentro general".
Pero al mismo tiempo, se asegurará que las compañías son capaces de
identificar a los accionistas y obtener información sobre su identidad,
así como sobre cualquier intermediario que participe en su relación con
la empresa.
Queda, no obstante, en manos de los
Estados miembros decidir si solo se permitirá a las compañías que pidan
información a los accionistas que tengan un determinado porcentaje de
las acciones.
Respecto a los intermediarios, tendrán
que facilitar a los accionistas el ejercicio de sus derechos en la
compañía, por ejemplo dándole a tiempo la información necesaria para que
los ejerza.
Las normas también incluyen provisiones
para aumentar la transparencia de los inversores institucionales, los
gestores de activos y los asesores de voto, así como estándares para
evitar los potenciales conflictos de intereses que puedan surgir con
estos.
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