LONDRES.- El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, empieza a atender este lunes el recurso del Gobierno contra un dictamen anterior que le exige la autorización del Parlamento para activar el proceso formal sobre el Brexit.
El histórico recurso, cuyo resultado puede tener repercusiones en la
estrategia del Gobierno de Theresa May para iniciar las negociaciones
sobre la salida británica de la UE, estará a cargo de once jueces,
quienes esta semana escucharán todos los argumentos antes de dar a
conocer su dictamen a principios de 2017.
El Gobierno ha decidido recurrir el dictamen del Tribunal Supremo de
Londres, que el pasado noviembre consideró que May no puede invocar el
artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de negociación
para la salida de la UE, sin consultar antes a las dos cámaras
parlamentarias -Comunes y Lores-.
Sin embargo, el Ejecutivo conservador defiende que tiene potestad
para activar el artículo porque el Parlamento ya autorizó en su día la
convocatoria -el pasado 23 de junio- del referéndum sobre la salida o
permanencia del Reino Unido del bloque europeo.
En esa consulta, los británicos votaron, con el 51,9 % de apoyo, salir de la UE,
a la que se habían unido en 1973. Theresa May ya ha indicado que tiene
intención de invocar el artículo 50 antes de que termine marzo de 2017.
La apelación del Gobierno responde al dictamen del pasado noviembre,
cuando el Tribunal Superior falló a favor de la empresaria Gina Miller,
de 51 años, que llevó el caso en representación de un grupo de ciudadanos que piden la autorización previa del Parlamento antes de iniciar el proceso del Brexit.
En el recurso de este lunes intervendrán, además de las dos partes
enfrentadas -Miller y el Gobierno-, los abogados de los Gobiernos
autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, contrarios a una acción
unilateral por parte del Ejecutivo británico. El Gobierno de Theresa
May estará representado por el abogado general Jeremy Wright.
Según los expertos legales, aún si el Gobierno pierde esta apelación y
un previsible proceso legal posterior ante el Tribunal de Justicia
europeo, May no tendría en principio dificultades para que el Parlamento apruebe la legislación
que se presentaría para activar el artículo 50 pues los diputados
respetarían la voluntad de los británicos expresada en el plebiscito.
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