CARACAS.- La Asamblea venezolano, de mayoría opositora, ha declarado
este martes la "responsabilidad política" del presidente Nicolás Maduro
en la grave crisis del país y solicitará a la Fiscalía que investigue si
existen razones para abrir un juicio contra el mandatario que lleve a
su destitución.
La votación ha sido aprobada por toda la bancada opositora,
después de que los diputados chavistas se retiraran del hemiciclo
denunciando un "golpe de estado" y recordando que las decisiones del
Legislativo son nulas desde que el Tribunal Supremo lo declaró en
"desacato".
"Acuerda declarar la responsabilidad política del presidente
de la república por grave ruptura del orden constitucional y
democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las
bases económicas y sociales de la nación que ha llevado a cabo", dice el
acuerdo aprobado hoy por la bancada opositora.
En el documento se aprueba, además, acudir al Poder
Ciudadano para que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva esta
responsabilidad y al Ministerio Público para que examine los hechos
expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un
"antejuicio de mérito contra el presidente".
Este antejuicio se haría, se argumenta en el escrito, por
las supuestas acciones del presidente que han estado "encaminadas a la
destrucción de la forma política republicana".
También se acordó continuar la investigación "sobre la
posible existencia de elementos para declarar el abandono del cargo en
la Presidencia" y "ratificar el compromiso con la restitución del orden
constitucional".
Además, se aprobó ratificar la decisión de la bancada
opositora de acudir a las instancias internacionales competentes "para
denunciar las violaciones a derechos humanos (...) en cuya comisión el
presidente de la república ha tenido el papel protagónico".
El acuerdo recoge una larga lista de consideraciones y
argumentos para declarar la responsabilidad de Maduro entre los que se
exponen, no solo la "grave alteración del orden democrático" y la
"violación de los derechos humanos", sino también haber "consumado la
supresión de la separación de poderes".
Asimismo, denuncia que Maduro "ha gobernado desde el 14 de
enero del 2016 merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al
margen de la Constitución sin la aprobación de la AN, el cual ha ido
cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias inderogables y ha
vulnerado derechos fundamentales".
Se menciona también que el presidente ha ignorado la
solicitud de comparecencia de sus ministros ante la Cámara y se ha
"facultado a sí mismo" para aprobar contratos de interés público con
Estados o entidades oficiales extranjeras.
"Se ha acrecentado la persecución política de la cual el
presidente de la república es corresponsable" y se suspendió la recogida
del apoyo al referendo revocatorio presidencial que la oposición
impulsaba desde marzo pasado, indica el texto.
El gobernante es acusado de acudir "sistemáticamente" a la
Sala Constitucional del Supremo "para impedir con criterios políticos la
entrada en vigencia de leyes sancionadas por la AN que hubieran
contribuido a solucionar los problemas del país".
También se atribuye a Maduro la responsabilidad en la crisis
económica y financiera "que ha llevado al déficit fiscal hasta niveles
que no se pueden financiar por vías ordinarias, teniendo el gobierno que
recurrir al peligroso mecanismo de la impresión de dinero por parte del
Banco Central de Venezuela".
Todo lo anterior, asegura el texto, ha derivado en una
pronunciada depreciación del bolívar y elevados índices de inflación que
castigan los ingresos.
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