MADRID.- Unas 260 familias
españolas representadas por el fondo de inversión 1898 Company, sociedad, fundada en 2001, está tratando de persuadir a otras 400
familias para que se unan al esfuerzo para recuperar sus propiedades incautadas en 1960 por la Revolución cubana.
Cuba se
independizó de España en 1898, después de cuatro siglos de colonización.
Pero cuando triunfó la revolución en 1959, los españoles seguían
formando el grueso de los terratientes más ricos y la mayoría de los
pequeños comerciantes.
"Eran una comunidad próspera.
Monopolizaban el sector minorista", explica Consuelo Naranjo Orovio,
historiadora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS).
Los
denunciantes no tienen ninguna esperanza mientras Cuba siga gobernada
por el régimen de Raúl Castro, hermano menor de Fidel, fallecido el 25
de noviembre a los 90 años.
Pero confían en que este
gobierno será reemplazado algún día por otro democrático que quiera
resolver el problema de las expropiaciones, para así atraer a inversores
extranjeros.
Fidel Castro, apartado por enfermedad desde mitad de 2006, cedió oficialmente el poder en 2008 a su hermano Raúl.
Éste,
de 85 años, ha anunciado que se retirará en 2018. La gran cuestión está
en ver si el régimen comunista será capaz de sobrevivir a su partida o
su fallecimiento.
"Cuándo acaba, uno no sabe, pero ha
empezado el proceso" de cambio de régimen, cree Jordi Cabarrocas,
fundador de la 1898 Company.
"El sistema nuevo que viene
después de una dictadura necesita crear un escenario nuevo, en el cual
pueda aterrizar la inversión" exterior, explica.
En ese
sentido, "devolver bienes confiscados tranquilizará a cualquier persona
que invierta en Cuba de que su propiedad será respetada", asegura.
El
fondo estudió 40 casos similares en otros países, en particular en
Europa del Este, en el último siglo, y el 90% de las veces se pudieron
recuperar bienes confiscados, afirma Cabarrocas.
Las
familias que contratan los servicios de la sociedad no tienen que pagar
ninguna comisión en el momento de firmar. Pero la compañía se queda con
el 30% del valor recobrado por cuenta de sus clientes.
De
momento, les está ayudando a demostrar que poseían propiedades en Cuba,
para que estén listos cuando se presente la ocasión de reclamar.
Oficialmente no hay ninguna estimación del valor total de los bienes confiscados a las familias españolas.
Cabarrocas estima en 2.500 millones de dólares actuales (2.340 millones de euros) el valor de las propiedades de sus clientes.
Según
los términos de un acuerdo cerrado en 1986 entre Madrid y La Habana,
Cuba pagó 40 millones de dólares por algunos bienes confiscados, un
tercio en efectivo y el resto en especie, mediante entregas de tabaco,
por ejemplo.
Richard Feinberg, un experto de Cuba en la
Brookings Institution de Washington, dice que "un acuerdo así por lo
general cierra el camino a los demandantes".
"Haría falta
una serie extraordinaria de acontecimientos para que los españoles que
reclaman bienes consigan más", dijo.
Jordi Cabarrocas sostiene, por su parte, que el acuerdo bilateral no pone fin al litigio.
El
Tribunal Supremo español dictaminó además que, en virtud del derecho
internacional, incluso quienes fueron parcialmente compensados en 1986
no habían renunciado a una mayor indemnización más adelante, añade la
1898 Company.
Muchos demandantes dicen que su principal
motivación es que se haga justicia a sus familias, y no tanto sacar un
beneficio financiero, ya que los activos confiscados están ahora en mal
estado u ocupados por otros.
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