TOKIO.- Los miembros de la junta de política
monetaria del Banco de Japón (BoJ) están en desacuerdo sobre el volumen
de bonos que la entidad debe comprar conforme a su nuevo programa para
controlar los tipos de interés, según las actas de su reunión de
noviembre divulgadas hoy.
En el encuentro celebrado
el 31 de octubre y el 1 de noviembre, uno de los nueve integrantes de la
junta argumentó que el monto de bonos de deuda nipona que adquiere
actualmente el BoJ podría "ajustarse" a la baja para que se pudieran
mantener las metas establecidas, detalla la documentación que ahora se
conoce.
La entidad activó en septiembre un programa que
pretendía mantener los tipos a corto plazo en el -0,1 por ciento y las
tasas a mayor plazo en torno al cero por ciento, lo que complementa con
la adquisición de unos 80 billones de yenes (unos 652.755 millones de
euros/682.821 millones de dólares) al año en deuda japonesa para
estimular la inflación.
El miembro de la junta
mencionado defendió que, ya que el aumento de la cartera de bonos
arrastrará en el futuro a la baja a los tipos de interés a 10 años, la
entidad debería ser más flexible y "otorgarle una importancia cada vez
menor" a este monto en los informes que vaya publicando próximamente.
Sin embargo, varios de sus homólogos consideraron que el BoJ debería
mantener esa cantidad indicativa en sus documentos, ya que eliminarla
podría enviar "una señal equivocada" a los mercados financieros.
El desacuerdo subraya el complejo sistema diseñado por el banco central
japonés para estimular el crecimiento e impulsar una sólida subida de
precios, que lleva buscando con ahínco desde 2013 para acabar con casi
dos décadas de deflación.
En la primavera de aquel
año y coincidiendo con la llegada de Haruhiko Kuroda al cargo de
gobernador de la entidad, se activó por primera vez un cuantioso
programa de compra de activos destinado a lograr una inflación en torno
al 2 por ciento interanual en un plazo de unos dos años.
Sin embargo, los efectos de la fuerte caída de los precios de la
energía han difuminado los avances logrados y han obligado al BoJ a
retrasar su meta inflacionaria al menos hasta 2018.
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