SAO PAULO.- Minas
Gerais, el segundo Estado más poblado de Brasil, se convirtió hoy en el
tercero del país en declarar el estado de calamidad pública financiera
por no contar con recursos para cumplir sus obligaciones ni para pagar
los salarios de los funcionarios públicos.
El decreto del gobernador de Minas Gerais, Fernando
Pimentel, en que reconoce el caos de las finanzas del Estado y pide
autorización para adoptar medidas de urgencia fue publicado este martes
en el Diario Oficial y enviado a la Asamblea Legislativa regional, que
tiene que refrendarlo.
La decisión se produce dos semanas después de que el
Gobierno regional de Río Grande do Sul igualmente se declarara en
calamidad pública y casi cinco meses después de que lo hiciera el Estado
de Río de Janeiro, que tuvo que solicitar ayuda para pagar la cuenta de
los Juegos Olímpicos que organizó en agosto pasado.
La declaración del estado de calamidad pública financiera
permite a los Gobiernos regionales suspender los pagos mientras ponen en
marcha duros programas de ajuste para intentar sanear sus cuentas
públicas.
Además de poder suspender provisionalmente el pago de las
deudas, los estados en calamidad financiera pueden incumplir la Ley de
Responsabilidad Fiscal transitoriamente, negociar préstamos de urgencia y
contratar servicios sin licitación mientras resuelve sus problemas
financieros.
Entre las razones por las que justificó su decisión, el
gobernador de Minas Gerais mencionó el "crecimiento desmesurado de los
gastos con personal" y "los desequilibrios contractuales generados por
la deuda del estado con el Gobierno federal" de Brasil.
Según el gobernador, la "grave crisis financiera" dificulta
el pago de los salarios de los funcionarios públicos y la adecuada
oferta de los servicios públicos.
Pimentel alegó que la actual recesión brasileña, la más
grave en varias décadas, redujo sustancialmente la recaudación de
impuestos generados por la producción y exportación de minerales y
alimentos, las principales actividades económicas de Minas Gerais.
La economía brasileña completó entre julio y septiembre diez
trimestres consecutivos de crecimiento negativo y acumuló en los nueve
primeros meses de 2016 una retracción del 4,0 %, el peor resultado para
el período desde 1996.
El producto interior bruto (PIB) de la mayor economía
sudamericana retrocedió un 3,8 % en 2015, su peor resultado en 25 años,
y, si se confirma la proyección de que caerá otro 3,5 % en 2016,
encadenará dos años consecutivos de retracción por primera vez desde la
década de 1930.
La gobernación de Río Grande do Sul, que declaró la
calamidad financiera el 22 de noviembre pasado, presentó un duro paquete
de recorte de gastos públicos que implica en la extinción de once
organismos públicos, el posible despido de 2.000 funcionarios y recortes
salariales, entre otras medidas.
La de Río de Janeiro presentó un ajuste similar pero la
mayor parte de las medidas ha sido rechazada por la Asamblea Legislativa
regional en medio de protestas casi diarias de funcionarios, entre los
cuales policías y bomberos.
El Gobierno federal de Brasil enfrenta prácticamente los
mismos problemas, con una deuda pública récord y tres años consecutivos
de déficit fiscal, lo que obligó al Gobierno del presidente Michel Temer
a presentar igualmente un duro proyecto de ajuste.
La principal medida del Gobierno, que prevé la congelación
de los gastos públicos en los próximos veinte años, ya fue aprobada por
la Cámara de Diputados, pero aún depende de la autorización del Senado.
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