MADRID.- España tenía al cierre de 2015 más de 16.400 peticiones de asilo aún
pendientes de resolver, miles de personas a quienes se les ha dado la
primera luz verde admitiendo su petición a trámite pero que sin embargo,
viven en una situación de vulnerabilidad y con la incertidumbre al no
saber si finalmente recibirán protección del Estado o serán invitados a
abandonar el país. El plazo para resolver los casos es de seis meses
ampliables a 21 en situaciones excepcionales, pero hay gente en España
que espera durante años, según www.republica.com
Esta situación de “colapso” denunciada reiteradamente por las ONG y
evidenciada con los datos de Eurostat, provoca que muchos refugiados
–algunos se habrán marchado– vivan en España en algo parecido a un
limbo. Tienen una tarjeta roja que acredita que han solicitado asilo y
están autorizados a residir y/o a trabajar (en función de los casos) en
el país, pero se trata de un documento temporal que no da mucha
confianza a futuros empleadores, futuros caseros o administrativos de
banca. Hay organizaciones que destinan recursos sólo para explicar a esa
gente qué significa el carné.
La primera dificultad que afrontan estas personas es que la
Administración tarda más en resolver que las ayudas en acabarse. Aunque
varía ligeramente en función de la vulnerabilidad y el perfil de cada
uno, el programa de acogida en España tiene una duración de dos años al
cabo de los cuales habrá de buscarse la vida como un ciudadano más, pero
sin redes de apoyo, en un país desconocido, con un permiso temporal y
con todo lo que supone haber huído de la persecución o la guerra.
Amnistía Internacional dice que se aboca a la gente a la indigencia.
A nivel personal, supone un bloqueo, como varios de estos
solicitantes de asilo han explicado a Europa Press, porque no se pueden
hacer planes a medio o largo plazo sin saber cuál será la respuesta del
Ministerio del Interior, organismo competente. Tampoco logran
judicializar los casos, porque al no haberse pronunciado la
Administración, no tienen una decisión contra la que litigar. Si la
respuesta es no, podrán pelearlo o conseguir un permiso de residencia
temporal por motivos humanitarios. CEAR dice que en 2015 no se concedió
“ni uno” a personas con la petición rechazada.
El ‘reloj’ de sus derechos, paralizado
Otro grave problema para estas personas es que al no tener
oficialmente la condición de refugiadas, el reloj de sus derechos está
paralizado. Un refugiado puede obtener la nacionalidad al cabo de cinco
años en España, pero no cuenta el plazo que estuvo en espera. Un
refugiado tiene derecho a instar la misma protección para su familia o
solicitar permiso para que se reúnan con él. Un solicitante de asilo,
no. Un refugiado obtiene un pasaporte, el que espera ha de pedir permiso
si quiere viajar.
Según la ley, el plazo para resolver las solicitudes es de seis
meses, un periodo que en casos excepcionales y previa notificación del
afectado puede ampliarse hasta 21. Sin embargo, personas como Juan María
(nombre falso), de Guinea Ecuatorial, esperan durante años. Su caso es
“de récord”, como dicen en Pueblos Unidos, la ONG que le acompaña en los
últimos tiempos. Lleva esperando desde enero de 2009, siete años y seis
meses en una situación absoluta de parálisis.
Siete años y medio esperando
Militante de un partido opositor, fue encarcelado dos veces junto a
otros compañeros acusado de intentar un golpe de Estado. La primera vez
pasó dos años y cuatro meses en una prisión guineana y la segunda, casi
un trimestre. En ambos casos salió en libertad, según explica en una
entrevista con Europa Press, por “la presión internacional, entre otros
de España, que pedía al régimen pruebas de las acusaciones”.
Durante su estancia en prisión las amenazas en su entorno subieron
tanto de nivel, que su mujer y sus cuatro hijos se marcharon a
Norteamérica, donde recibieron asilo. Cuando salió, tras haber sufrido
“torturas y todo tipo de atrocidades”, la presión se centró de nuevo
sobre él, su vida estaba “en grave peligro” por ser considerado “un
enemigo del régimen”. “Incluso en el velatorio de mi hermano se
presentaron dos policías para amenazarme”, afirma.
Se matriculó en la UNED para cursar el acceso pero la situación se
volvió asfixiante, había una pareja de policías inflitrada en el
alumnado “para controlar la información” que él pudiera dar a los
españoles. Fue el cónsul de España en Guinea Ecuatorial quien atendió su
petición de ayuda y le selló un visado de turista porque dice, “hasta
eso estaba controlado”. Cuando en Guinea se supo que había huído,
volvieron las amenazas a su familia, incluída su madre, de 85 años, que
falleció poco después.
Documentos temporales
Llegó en enero de 2009 y solicitó asilo, no recibió ninguna ayuda ni
fue informado de que existía un programa de acogida. Se trasladó a vivir
a Zaragoza, donde sabía de una comunidad de compatriotas. Resume el
proceso desde entonces con una sucesión de documentos temporales:
“Primero me dieron un folio, luego una tarjetita blanca, luego una
tarjeta amarilla y después una roja, y yo ya pensaba que en seguida me
darían el asilo, tenía esperanzas, pero llevo más de seis años con la
misma tarjeta”.
Dice que lo ha intentado todo. Tras escuchar una y otra vez en las
dependencias de asilo en Zaragoza que “hasta que Madrid no se pronuncie,
no se sabe nada”, solicitó audiencia con la entonces presidenta de
Aragón y acabó recibido por un subdelegado del Gobierno que en 2012 le
dijo que le llamaría. Hace cuatro años presentó un recurso para intentar
que la Oficina de Asilo se pronunciase sobre su caso, pero tampoco ha
obtenido respuesta. No hay una decisión contra la que reclamar en un
tribunal, “sólo hay silencio”.
“Yo tenía la esperanza de que aquí seguiría con mi carrera y que con
suerte después podría trabajar. Incluso tenía la esperanza de que me
concederían la nacionalidad española, porque los de Guinea Ecuatorial
con dos años de residencia ininterrumpida aquí tenemos acceso. Ya son
ocho años y no me dan ni el asilo ni puedo tener la nacionalidad. ¿En
qué lugar me deja España? No tengo futuro, no vivo. No sé qué más
hacer”, afirma.
Ha dejado Zaragoza después de siete años y se ha mudado a Madrid
“sólo para estar más cerca de la Oficina de Asilo”, por si sirve de
algo. Cuenta que optó por España por “los vínculos históricos” con
Guinea Ecuatorial, antigua colonia, y porque sus hermanos mayores ya
hicieron vida aquí. “Entre nosotros y vosotros la única diferencia que
existe es el color de la piel. Tenemos la misma cultura, la misma
civilización, nuestros abuelos tienen el mismo DNI”, explica.
Los casos se acumulan
Según los datos recopilados por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), España recibió algo más de 14.800 solicitudes de asilo
en 2015, tres veces más que el año anterior. Sin embargo, la Oficina de
Asilo y Refugio se pronunció sobre 3.240 casos, 400 menos que durante
2014. Para la responsable del Servicio Jurídico de la ONG, Paloma
Favieres, “el problema no es solamente ese, sino que hay un número cada
vez mayor de solicitudes pendientes de resolución”.
“Esto se debe a que se ralentiza el procedimiento por cuestiones de
la instrucción, de las personas solicitantes o porque se está dejando
hibernar algunas solicitudes de ciudadanos de países en conflicto porque
la duración del conflicto es incierta, como en el caso de Ucrania,
República Centroafricana y Mali”, ha explicado.
Es lo que en las ONG llaman “criterio de prudencia”, que implicaría
incumplir los acuerdos de Ginebra dejando ‘congeladas’ algunas
peticiones en lugar de atender al derecho individual de cada persona. Es
por lo que Amnistía Internacional tilda el sistema de asilo español de
“discriminatorio. Juan María no es de ninguna de esas nacionalidades y
sin embargo, sigue esperando. No tiene una respuesta, plantea que quizá
sea sólo una cuestión de voluntad.