BRASILIA.- El nuevo presidente
de Brasil, Michel Temer, ha asumido el poder tras la destitución de
Dilma Rousseff y quiere ser un "mesías" para la economía, una complicada
misión para la que está dispuesto a privatizar "todo lo que sea
posible".
La privatización se convirtió en una palabra prohibida tras la
victoria del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al
poder en 2003 con Luiz Inácio Lula da Silva y se mantuvo en él hasta el
pasado mayo, cuando el Senado dio el primer paso hacia la destitución
de Rousseff, que se consumó ayer.
Todavía como interino, Temer le dio un giro liberal a la ruleta
económica y las "desestatizaciones", como en Brasil se conoce de manera
eufemística a las privatizaciones, se colaron en la agenda del nuevo
Gobierno.
"El Estado debe transferir al sector privado todo lo que sea posible
en materia de infraestructura", resaltaba un documento divulgado por el
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) cuando Temer todavía
era vicepresidente de Rousseff y planeaba entre bastidores el salto a
la Presidencia.
El informe, titulado "Travesía Social", definía las líneas maestras
del PMDB en materia económica en caso de conquistar la Presidencia, a la
que llegó de forma interina el 12 de mayo, cuando Rousseff fue apartada
por la Cámara alta para afrontar un juicio político que este miércoles
le apartó definitivamente del poder.
Desde entonces, el Gobierno de Temer lleva a cabo un plan de
austeridad para revitalizar las dañadas cuentas públicas del país y
remata un paquete de privatizaciones y concesiones con los que espera
recaudar entre 20.000 y 30.000 millones de reales (entre 6.210 y 9.315
millones de dólares) el próximo año.
El paquete, que podría ser anunciado a mediados de mes, prevé
transferir a la iniciativa privada en un primer momento los aeropuertos
de Florianópolis, Porto Alegre, Salvador y Fortaleza y al menos dos
terminales portuarias, según han anticipado en las últimas semanas
miembros del propio Ejecutivo.
Temer había anunciado también la intención del Gobierno de estudiar
la privatización de los aeropuertos de Congonhas (Sao Paulo) y Santos
Dumont (Río de Janeiro), que acogen la mayor cantidad de vuelos
nacionales, pero la propuesta ha sido aparcada por el momento.
La intención del Gobierno es anunciar el plan tras el regreso de
Temer de la reunión del G20 de China, país al que el presidente llegó
también con el objetivo de atraer inversiones extranjeras para su
programa de privatizaciones, que alcanzará los sectores de aeropuertos,
puertos, carreteras, ferrocarriles, distribución de electricidad y
saneamiento básico.
El presidente ha reiterado que el paquete no contemplará, ni a corto
ni a largo plazo, la privatización de la petrolera estatal Petrobras, la
joya de la corona de Brasil y protagonista del mayor escándalo de
corrupción de la historia del país.
Pero los aliados de Temer han impulsado un proyecto de ley, que
avanza en el Congreso, para aflojar el control del estado sobre el
régimen petrolero de Brasil y limitar los privilegios de Petrobras como
operadora única en los yacimientos más ricos del país.
Una vez aprobada esa reforma legal, la intención del Gobierno es
abrir las puertas del presal a grandes empresas petroleras del mundo,
interesadas en esos yacimientos pero que los veían con cierta
desconfianza por la obligatoriedad de asociarse a Petrobras, sumida en
una grave crisis.
Las voces que claman por la privatización de la mayor empresa de
Brasil han aumentado en medio de la grave crisis que atraviesa la
compañía, afectada también por la caída del precio del petróleo y el
aumento de su deuda.
La posible privatización de Petrobras ha sido usada como arma
arrojadiza por el PT y por el propio Lula, quien en reiteradas ocasiones
ha acusado públicamente a Temer de querer "vender el patrimonio de
Brasil".
Los recursos de las privatizaciones serán fundamentales para que el
Ejecutivo consiga alcanzar la meta de déficit fiscal propuesta para el
próximo año de 143.100 millones de reales (unos 44.234 millones de
dólares), un grave agujero que Temer atribuye a Rousseff.
En medio del descalabro de las cuentas, el nuevo Gobierno ha lanzado
una propuesta de limitar el aumento anual del gasto público en función
de la inflación del año anterior, la cual considera "una primera reforma
estructural" que obligará al Ejecutivo a ser más eficiente con el
dinero público.
La aprobación del techo del gasto público será una de las principales
batallas de Temer en el Congreso, que de momento se ha mostrado algo
cauteloso con el nuevo Ejecutivo, aunque más benévolo que con Rousseff.