La renta básica universal, a prueba en Finlandia

HELSINKI.- La renta básica universal a prueba en Finlandia le ha cambiado la vida a mucha gente. El programa piloto comenzó el 1 de enero, con una duración de dos años y 2.000 participantes parados con subsidios bajos. En caso de éxito podría generalizarse, aunque todavía no se ha fijado el montante ni las modalidades. La seguridad social garantiza que ninguno de los participantes salga perdiendo.

La renta básica universal suscita consenso entre los políticos, que lo ven como una manera de incitar a los desempleados a encontrar trabajo.

La población, por el contrario, no lo tiene tan claro. La mayoría de los votantes de izquierda le dan el visto bueno e incluso les parece insuficiente, pero los de la derecha alertan del riesgo, según ellos, de que los beneficiarios se estanquen en la inactividad.

Para la Confederación sindical SAK, el peligro es "subvencionar" el empleo mal pagado, exonerando a las empresas de ofrecer contratos a tiempo completo bien remunerados, porque el Estado provee parte de las necesidades de la persona.

"No apoyamos un mercado laboral sin salarios decentes, en el que la seguridad social paga parcialmente a los trabajadores. En la práctica esto equivale a una ayuda para las empresas", lamenta su presidente Jarkko Eloranta.

Finlandia, un país de la zona euro, intenta reactivar la economía después de tres años de recesión (2012-2014). Su tasa de paro es relativamente alta (8,7%) y la de larga duración también (uno de cada tres desempleados no ha encontrado trabajo al cabo de un año).

El gobierno proausteridad del centrista Juha Sipilä promueve la renta básica universal como medio de estímulo del empleo, pero sus detractores opinan que en realidad el gobierno podría aprovecharlo para reducir las ayudas sociales.

La renta básica universal consiste en una remuneración para todos, sin condición de patrimonio ni de trabajo, acumulable con el salario.

Lo defienden distintas corrientes ideológicas, pero con intereses dispares. Para la izquierda es un vector de inclusión social e incluso de cambio de paradigma con respecto al "trabajo alienante"; para los liberales, un medio de fusionar las ayudas sociales que, según ellos, fomentan la holgazanería.