BRUSELAS.- La renuncia al "mercado único" por
parte del Reino Unido, en el marco de su futura salida de la Unión
Europea (UE) -"brexit"- tendrá un impacto económico para las islas
británicas pero también para los Veintisiete, por lo que será necesario
limitar el daño en las dos partes.
Salir del mercado
único, también llamado "mercado interno", supondrá abandonar un espacio
libre de fronteras internas y obstáculos normativos donde personas,
mercancías, capitales y servicios transitan libremente.
"Un mercado de 500 millones es mejor que uno de 440,
pero sigue siendo un mercado sustancial, uno de los más grandes del
mundo", declaró el director general de la patronal europea
Business Europe, Markus J. Beyrer, quien identifica como su objetivo
"limitar el daño en ambas partes tanto como sea posible".
El mercado único ha funcionado como motor de integración económica
desde la embrionaria Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) de
1951 y supone un espacio en el que operan unos 21 millones de pequeñas y
medianas empresas, según datos de la Comisión Europea.
Pertenecer al mercado único ofrece ventajas económicas muy tangibles y
hasta su discurso de esta semana, la primera ministra británica, Theresa
May, insistía en que pretendía controlar la entrada de europeos en el
Reino Unido sin abandonar ese espacio.
Desde el
continente se insistía en que las cuatro libertades fundamentales de
movimiento son indisociables (personas, mercancías, capitales y
servicios) y finalmente Londres ha aceptado renunciar al espacio
mercantil común como parte del "brexit".
El Reino
Unido tendrá que negociar ahora un nuevo acuerdo comercial con Bruselas,
que May pretende sea "audaz y ambicioso" y no un calco de alguno de los
que Bruselas mantiene con países como Islandia, Liechtenstein, Noruega o
Suiza, que participan en el mercado único pero que, al no ser Estados
miembros de la UE, no pueden sino acatar las decisiones del Consejo
Europeo.
"En palabras normales quiere decir que el
Gobierno británico no está contento con aceptar las reglas de la UE sin
poder comentarlas", explica el analista del foro de pensamiento
Open Europe Pieter Cleppe.
La decisión de los
británicos tendrá "un gran coste económico", comentó el experto
del Centro de Política Europea (EPC) de Bruselas Janis Emmanouilidis,
quien dijo tener "dudas" sobre que el resultado final vaya a ser
beneficioso para el Reino Unido.
A su juicio, esa
decisión "genera más preguntas que respuestas" porque habrá un
"creciente número de empresas que se plantearán si deben permanecer o
invertir en el Reino Unido", pero la UE a 27 "también sufrirá".
Uno de los mayores interrogantes recae sobre el futuro de Londres como
mayor centro financiero europeo. Algunos bancos de inversión negocian ya
con otras capitales el traslado de parte de sus actividades.
"Un buen número de instituciones, no todas, dejarán parcialmente
Londres e irán a diferentes partes del continente (...) no a una sola
ciudad", apuntó Emmanouilidis, en línea con los vaticinios del
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.
Otro
de los aspectos a establecer será el calendario de la salida de la UE,
que a un lado y otro del canal de la Mancha se pretende que sea lo más
ordenada posible. Los analistas hablan de tres fases: un acuerdo de
divorcio, la negociación de nuevos acuerdos y un período de transición
para implementarlos.
De forma que parece poco
probable que se pueda recorrer todo ese camino para marzo de 2019, fecha
en que el Reino Unido dejaría de ser miembro de la UE, concluidos los
dos años de plazo para negociar que arrancarían en marzo de 2017, según
la fecha señalada por May.
"La experiencia nos dice
que los acuerdos comerciales muy complicados llevan tiempo", agregó
Emmanouilidis, en referencia a convenios de libre comercio como el CETA
alcanzado por la UE y Canadá el pasado octubre, negociado desde 2009 y
pendiente aún de ratificación.
Otro de los aspectos a
dilucidar en la nueva relación entre Londres y Bruselas será la unión
aduanera, un mecanismo que establece tarifas comunes a la importación de
productos para el mercado único, de forma que los aranceles son
idénticos para un determinado bien entre por Helsinki o por Granada.
Se evita así que los diferentes Estados compitan bajando los impuestos a
los productos importados para que las empresas extranjeras les elijan
como punto de entrada a la UE y garantizar una protección arancelaria
común para los productos fabricados en Europa.
Pero
esa unión también grava con impuestos productos que un determinado país
de la UE no tendría necesidad de proteger porque no supone una amenaza
para su industria, por ejemplo el textil en el caso del Reino Unido,
encareciendo así su precio de venta final al usuario.
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