Italia pone a prueba las reglas sobre rescates bancarios con su plan para MPS

BRUSELAS.- El plan de Italia para salvar al banco Monte dei Paschi (MPS), el más antiguo del mundo, pone a prueba las nuevas normas europeas sobre rescates bancarios, destinadas a que los contribuyentes no tengan que pagarlos, con su intento de proteger a ciertos inversores que deberían asumir pérdidas.

Italia ha apurado los límites de la Directiva de Resolución y Reestructuración Bancaria, que entró en vigor hace apenas un año, al agarrarse a una excepción para proponer una recapitalización cautelar de la entidad con dinero público que le proporcione los fondos que necesita para sanearse.

Monte dei Paschi no logró captar en el mercado los 5.000 millones de euros de capital que necesitaba y en vísperas de Navidad pidió ayuda al Gobierno, que se apresuró a aprobar un decreto por el que concede 20.000 millones para todas las entidades del país.

El documento recoge también las medidas para proteger a los clientes de la entidad toscana, que pasan por un mecanismo para canjear la deuda subordinada en manos de pequeños inversores, de forma que no tendrían que asumir una parte del rescate.

Las normas de resolución europeas fijan que solo puede concederse ayuda estatal a un banco en problemas después de que se haya aplicado un rescate interno del 8 % de la deuda, es decir, imponiendo pérdidas a accionistas e inversores en instrumentos de mayor riesgo para que paguen una parte.

Sin embargo, si la entidad aún es solvente, el estado puede hacer una recapitalización cautelar -para prevenir males mayores- siempre y cuando la ayuda sea temporal y limitada y no sirva para cubrir pérdidas, una medida que permite evitar el rescate interno del 8 % y permite a la entidad seguir funcionando.

El Banco Central Europeo ha despejado el camino para que la Comisión Europea dé luz verde a esta excepción para MPS al declarar que el banco es solvente, pero ha elevado a 8.800 millones de euros sus necesidades de capital.

Bruselas deberá comprobar además que esta recapitalización no supone una ayuda de estado ilegal.

Para ello, se exige un plan de reestructuración y un reparto de la carga, que en este caso se limita a que accionistas y tenedores de deuda subordinada asuman pérdidas para contribuir al rescate, sin que se fijen cotas concretas.

Y es aquí donde entra en juego el mecanismo que propone Roma: el banco ofrecerá cambiar la duda subordinada por acciones y el Tesoro italiano las recomprará con deuda no subordinada de nueva emisión, que MPS entregará al inversor en cuestión y que no está sujeta a pérdidas.

Solo los tenedores de deuda Tier 1 (de mayor calidad), en su mayoría inversores institucionales, perderán el 25 % del valor nominal en el canje, mientras que la Tier 2, principalmente en manos de pequeños inversores, mantendrá el 100 % de su valor.

Sobre el papel este es un sistema de compensación de la propia entidad por la venta indebida de la deuda a pequeños inversores, similar al que se puso en marcha en España para las preferentes, pero en la práctica supone que el Tesoro asuma su carga con dinero del contribuyente.

Según los expertos, el 65 % de toda la deuda subordinada de la entidad, unos 5.000 millones, estaría en manos de estos inversores.

En la reestructuración de la banca española, sin embargo, se aplicó el reparto de cargas a rajatabla y un millón de pequeños inversores sufrieron quitas, mientras que de forma paralela se puso en marcha un arbitraje para determinar caso por caso quienes podían ser compensados por la venta fraudulenta.

Los expertos no ven motivos para que Bruselas utilice otra vara de medir con Italia: "no hay razones para que no se apliquen las reglas de ayudas de Estado como se hizo en España, la situación no es peor", explicó Nicolas Vèron, del centro de estudios europeo Bruegel.

Se apruebe o no, la maniobra de Roma pone ya a examen unas normas redactadas expresamente para evitar los rescates que costaron 2 billones de euros a las arcas europeas solo hasta 2014.

De hecho, el presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, reaccionó illico presto al plan, instando a "analizar minuciosamente" la situación de MPS e insistiendo en que el uso de fondos públicos solo cabe "como último recurso".

Veron, no obstante, recordó que la recapitalización cautelar, aunque "muy debatida", está contemplada en las normas y "no se desvía del objetivo" de las mismas.

Se espera que BCE, CE, Italia y Monte dei Paschi tarden entre dos y tres meses en cerrar los detalles del plan.