WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, se ha apresurado a firmar alrededor de una decena de
órdenes ejecutivas en su primera semana al frente de la Casa Blanca, sin
embargo, la ejecución de sus propósitos no será, a día de hoy, tan
sencilla como estampar una rúbrica en un documento presidencial.
Buena parte de los contenidos de dichas órdenes pasan por la
colaboración del Congreso, donde los mecanismos de control permitirán a
la oposición demócrata trabar algunas de las intenciones del
multimillonario.
Asimismo, los gobiernos locales y estatales, así como los tribunales, pueden suponer un problema para sus aspiraciones.
De hecho, la orden ejecutiva firmada este viernes para combatir el
terrorismo yihadista, que suspende tanto la entrada de todos los
refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados
a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista, ya se ha
topado con una jueza federal.
La magistrada Ann M.
Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York),
dictó ayer que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y
que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a
sus países.
Muy controvertidas han sido también las
órdenes en materia migratoria, por las que ha ordenado la "construcción
inmediata" del muro en la frontera con México o retirar fondos federales
a aquellas ciudades que protejan a inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, la aplicación de esos decretos pasa por el apoyo que dé el
Congreso, primero para dotar de fondos la construcción del muro, y
segundo, para hacer constar en los presupuestos, que dependen de la
aprobación del Legislativo, la exención de ayudas a urbes como Nueva
York, Chicago o Los Ángeles.
"El golpe de una pluma
en Washington no cambia a la gente de Nueva York ni nuestros valores",
dijo el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio el miércoles. "No
deportaremos a los neoyorquinos respetuosos con la ley, no vamos a
separar familias", aseveró.
En la misma línea
respondió el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, quien
se enfrentó al multimillonario diciendo que su Estado, que cuenta con la
mayor economía del país, "no va a ir hacia atrás" en su lucha por los
derechos ciudadanos.
El Gobierno de Trump no puede simplemente utilizar fondos federales para pagar los planes de inmigración del presidente.
En primer lugar, el Congreso tiene el poder de designar cómo se deben
gastar los dólares de los contribuyentes, y tampoco cuenta con una hucha
holgada para destinar fondos alegremente a tales fines dada la gran
deuda federal.
El presidente de la Cámara de
Representantes, el republicano Paul Ryan, apoya incluir la financiación
del muro en los presupuestos, que ha valorado en unos 15.000 millones de
dólares (14.015 millones de euros), pero la aprobación presupuestaria
depende también de los demócratas, aunque no tengan la mayoría en las
cámaras legislativas.
"No son todo cosas que
necesariamente pueda hacer por su cuenta. En cierto sentido, las órdenes
son una combinación de directivas y solicitudes", explicó el director
ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, Mark Krikorian, que
apoya un control más duro de la inmigración en el país.
Aunque debe contar con la aprobación de una partida presupuestaria del
Congreso para levantar el muro, Trump ha dejado claro que, pese a que
los estadounidenses paguen por adelantado la factura, serán los
mexicanos quienes "reembolsen el 100%".
En este
sentido, ha insinuado la posibilidad de imponer un impuesto del 20 %
sobre las importaciones procedentes de México para costearlo, algo que
no podría hacer dentro del vigente Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) que EEUU firmó con México y Canadá.
No es ningún secreto que el presidente estadounidense pretende renegociarlo, pero eso tampoco será tan sencillo.
"Un aumento repentino de los costos del comercio es una receta para la
desaceleración, y tal vez la recesión, ya que los costos más altos
interrumpen la cadena de suministro", explicó el profesor de economía de
la Universidad de Michigan, Hoyt Bleakley.
"Esto no
importa mucho si se aplica a flujos comerciales entre EEUU y un país
pequeño al azar, pero México está ahora muy integrado en la manufactura
de América del Norte. Un gran incremento en el costo de las
transacciones transfronterizas haría a muchos de los fabricantes de EEUU
significativamente menos competitivos tanto en el país como en el
extranjero", afirmó Bleakley.
Además, las acciones de
Trump pueden encontrar escollos en las cortes, ya que las
organizaciones en defensa de los inmigrantes y grupos civiles podrían
llevar sus decisiones a los tribunales, como se vio este sábado en el
citado tribunal de Nueva York.
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