LONDRES.- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May,
se distanció este miércoles las declaraciones del ministro de
Inmigración, Robert Goodwill, que sugirió que el Gobierno estaría
considerando introducir un impuesto de 1.000 libras (1.155 euros) por cada trabajador cualificado de la Unión Europea (UE) que contraten las empresas británicas tras el 'Brexit'.
En una comisión parlamentaria, Goodwill indicó este miércoles que en abril comenzaría a aplicarse este impuesto sobre los trabajadores ajenos al área económica europea, para añadir que había sugerido al Gobierno extenderlo a los trabajadores cualificados de la UE tras el Brexit.
No obstante, el portavoz de la mandataria británica señaló que las palabras de Goodwill se habrían "malinterpretado".
"Parece que ha sido malinterpretado y se han sacado de contexto sus comentarios", explicó.
"En
ningún momento dijo que está en agenda. No está en la agenda del
Gobierno", apostilló tras la polémica surgida en torno a la propuesta de
gravar a las empresas por la contratación de empleados de la UE.
El Reino Unido barajaba la imposición de una tasa a las
empresas que recluten trabajadores de países de la Unión Europea (UE)
una vez ejecutado el "brexit", según insinuó el secretario de Estado
de Inmigración, Robert Goodwill.
En una
comparecencia ante el llamado subcomité parlamentario de Asuntos
Exteriores de la UE, el político planteó la posibilidad de aplicar un
sistema similar al que deberán acatar las compañías a partir del próximo
abril, cuando tendrán que pagar 1.000 libras (1.152 euros) por cada
empleado extra comunitario contratado.
Goodwill señaló además que el Ejecutivo sopesa la idea
de poner en práctica un programa destinado a contratar, por periodos
limitados de tiempo, a temporeros para trabajar en el sector agrícola,
como, por ejemplo, recolectores de fruta.
La tasa de
1.000 libras se aplica actualmente "a los no comunitarios", según dijo
el político, que sugirió que el Gobierno podría estudiar la introducción
de una medida similar en el caso de los contratados procedentes de la
UE, aunque matizó que es precisó no "especular" hasta que se conozca
cuál será el acuerdo final.
La libre circulación de
trabajadores en la UE se percibe como un factor clave en las
negociaciones entre Londres y Bruselas para consumar la separación de
este país del bloque común, si bien aún no se ha detallado cómo se
regulará el sistema de inmigración una vez finalizado el "brexit".
Preguntada sobre esas controvertidas declaraciones, una portavoz de la
primera ministra, Theresa May, apuntó que "hay varias opciones que
podrían ser consideradas" con relación al control de la inmigración.
Por otro lado, un portavoz del Ministerio de Interior indicó que "los
británicos hablaron con mucha claridad en el referéndum" y el Reino
Unido no se marchará de la UE para "ceder de nuevo el control de la
inmigración".
"Pondremos en marcha un sistema de
inmigración que reduzca la migración neta hasta niveles sostenibles y
que funcione de verdad para este país fuera de la UE", argumentó.
Las declaraciones del secretario de Estado suscitaron un aluvión de
críticas, como las de Seamus Nevin, responsable de Políticas de Empleo
en el "Instituto de Directores", quien afirmó que aunque los empresarios
aceptan que habrá cambios en la política de inmigración, cobrar 1.000
libras por cada comunitario contratado "golpearía los negocios que
dependen del talento llegado del extranjero".
"El Reino Unido necesita que a estas empresas les vaya bien si vamos a hacer que el 'brexit' sea un éxito", advirtió.
Por su parte, el director general de la Cámara de Comercio británica,
Adam Marshall, apuntó que "implementar esta medida sería perjudicial
para las compañías a nivel individual y para el crecimiento en general,
pues haría que el Reino Unido fuera menos atractivo tanto para la
inversión como para el talento".
No hay comentarios:
Publicar un comentario