jueves, 20 de julio de 2017



























La oposición paraliza Caracas mientras el Ejército dispersa las protestas

CARACAS.- El paro general de 24 horas convocado para hoy por la oposición venezolana fue acatado parcialmente, sobre todo en el este de la capital venezolana, donde comercios y oficinas amanecieron cerradas y las principales vías bloqueadas.

Los municipios El Hatillo, Chacao y Sucre, bastiones del antichavismo y gobernados por opositores, tienen sus actividades prácticamente paralizadas y la mayoría de sus calles fueron tomadas por manifestantes desde las 7.00 horas (11.00 GMT), lo que impidió el funcionamiento del transporte público.
Solo algunos pocos comercios y las instituciones bancarias operan con normalidad, estas últimas por la decisión repentina del Gobierno venezolano de pagar a los pensionistas en esta jornada, lo que ocasiona largas filas de ancianos en varios bancos.
El "paro cívico" es parte de la "fase superior" de presión de los opositores contra el Gobierno de Nicolás Maduro activada tras una consulta del domingo pasado, celebrada por la oposición sin el reconocimiento del oficialismo y en la que participaron 7,5 millones de venezolanos, según los organizadores.
El paro en los comercios y oficinas es mayor en la zona este de la ciudad que en el oeste, sede de los poderes públicos del país y gobernado por el chavismo, donde la jornada se desarrolla con aparente normalidad.
El ministro de Trabajo, Néstor Ovalles, tildó de "irresponsable" el llamamiento al paro y aseguró que no tiene base legal pues responde a motivos políticos y no a cuestiones laborales ni a ninguno de los aspectos contemplados en la normativa que regula el cese de actividades en las empresas.
Indicó que la legislación contempla sanciones a las empresas que "vulneren el derecho al trabajo" y que esto se tendría esto en cuenta hoy para evitar que la "cúpula empresarial" respalde la iniciativa de los opositores de Maduro.
Mientras, miembos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB) intentan dispersar protestas opositoras en varias zonas de Caracas, con motivo de un "paro cívico nacional" de 24 horas.
Los manifestantes en la avenida Rómulo Gallegos, en el municipio Sucre de Caracas, en el este, fueron dispersados por los agentes militares con gases lacrimógenos y perdigones para intentar restablecer el tránsito en la calle.
Decenas de personas estaban en el lugar desde muy temprano cerrando las vías con barricadas de basura y objetos para impedir el paso de vehículos, como una forma de protesta adicional al paro de trabajadores acatado parcialmente en la ciudad.
En el sector El Paraíso, en el oeste de la capital venezolana, también fue cerrado por los propios habitantes y manifestantes con arboles, escombros y basura, pese a que al menos en una ocasión la GNB repelió la manifestación y detuvo al menos a tres personas, dijeron vecinos de la zona.
Aquí, al igual que en las zonas del este de la ciudad, la mayoría de los comercios permanecen cerrados.
Una situación similar se registró en Montalbán, donde la GNB disparó lacrimógenas y perdigones para sacar a los manifestantes de las calles, pero poco después retornó la protesta.
Grupos de encapuchados, denominados por la oposición venezolana como "la resistencia", han hecho frente a los funcionarios militares en algunos de estos puntos.
El concejal opositor Jesús Armas difundió en Twitter imágenes del momento en el que una tanqueta de la GNB ingresó a la residencia Los Verdes, en el Paraíso, disparando gases contra quienes se encontraba en las afueras del edificio.
"Destruyeron nuevamente los portones de Res. Paraíso (Los Verdes) y atacaron nuevamente a los edificios. ¿Hasta cuándo el ensañamiento?", indicó en un mensaje.
Otros vídeos divulgados también por el opositor muestra a los funcionarios disparando gases lacrimógenos directamente contra los edificios.

Polonia ignora a Bruselas y avanza en sus reformas autoritarias

VARSOVIA.- El Parlamento polaco aprobó hoy la polémica reforma del Tribunal Supremo impulsada por el Gobierno nacionalista de Ley y Justicia, sin atender a las críticas de Bruselas y a las protestas de la mayor parte de la oposición, que alerta del fin de la división de poderes en el país.

A favor votaron 235 diputados del partido gobernante ultraconservador Ley y Justicia, que cuenta con mayoría absoluta, frente a 192 en contra y 23 abstenciones, ya que el grupo parlamentario del Movimiento Kukiz 15 se dividió entre el voto en contra y la abstención.
La norma, que ha provocado manifestaciones durante los últimos días y duras críticas de la Comisión Europea (CE), incluye algunas modificaciones sobre el texto original aunque, según la oposición, facilita el control del Supremo por parte del Gobierno y pone fin al mandato de los jueces de esta institución.
El Supremo tiene un papel muy importante en Polonia, ya que se encarga de supervisar el trabajo de los tribunales inferiores, confirma la validez de las elecciones parlamentarias y presidenciales y emite dictámenes sobre proyectos legislativos.
Su relevancia es aún mayor si se tiene en cuenta la reforma del Tribunal Constitucional que entró en vigor el año pasado y que, según sus detractores, ha debilitado deliberadamente la institución y socavado su capacidad para revisar la constitucionalidad de las leyes.
El ministro de Justicia, Zbinieg Ziobr, conocido por sus partidarios como "el Sheriff", recordó hoy que el programa electoral de su partido prometía la reforma "radical" del sistema judicial, algo que el Gobierno llevará a cabo para ofrecer a los ciudadanos eficiencia frente al "corporativismo judicial, de un Estado dentro del Estado" imperante hasta ahora.
"Hemos asistido al mayor fraude en la historia del parlamentarismo polaco y, si los cambios entran finalmente en vigor, pronto vamos a estar fuera de la Unión Europea", aseguró Borys Budka, uno de los portavoces de la principal fuerza opositora, Plataforma Ciudadana.
"Nadie va a querer mantener contacto con un país en el que los jueces y tribunales están subordinados al partido en el poder", añadió.
La norma tiene aún que pasar por el Senado, donde Ley y Justicia también cuenta con mayoría absoluta, y ser ratificada por el presidente, Andrzej Duda, vinculado a la fuerza gobernante, para entrar en vigor.
Budka anunció una protesta esta noche ante el palacio presidencial para pedir a Duda que no ratifique el proyecto aprobado hoy y los otros dos votados el pasado 12 de julio, parte de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno.
"Vamos a luchar en el Parlamento por cada centímetro de la democracia", afirmó por su parte el líder de Nowoczesna, Ryszard Petru.
El presidente polaco, hasta el momento condescendiente con todas las leyes aprobadas por el partido gobernante, amenazó hace dos días con no ratificar el proyecto sobre el Supremo si antes no se modifica la reforma del órgano de gobierno de los jueces aprobada la pasada semana, que también ha recibido duras críticas.
Hoy en el pleno la mayoría de Ley y Justicia recogió su exigencia y en el paquete legislativo incluyó una enmienda para cambiar la citada norma.
La votación fue recibida con protestas por parte de algunos grupos de ciudadanos congregados a las puertas del Parlamento, que portaban carteles pidiendo el veto presidencial a la reforma y patearon las barreras metálicas que rodean la institución.
La CE amenazó ayer con activar el artículo 7 de los tratados europeos, lo que implicaría la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE), si Varsovia sigue adelante con su reforma del sistema judicial.
El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, apeló hoy en un comunicado al diálogo y afirmó que los cambios impulsados por ese Gobierno son contrarios a los valores europeos y corren el riesgo de marginar a Polonia.
Tusk también confirmó que ha solicitado mantener un encuentro con el presidente polaco para abordar la "crisis política".
Mañana podría votarse en el pleno del Senado la reforma del Tribunal Supremo aprobada hoy por el Parlamento, una vez que la comisión encargada de su estudio le dé luz verde, aunque la cuestión ésta aún por definir.
Un sondeo elaborado por el instituto Kantar Public entre el 7 y 12 de este julio hecho público hoy señala que Ley y Justicia se mantiene como la fuerza con más apoyos en Polonia (38%), por delante de Plataforma Ciudadana (20%), el Movimiento Kukiz 15 (9%) y Nowoczesna (8%).

La UE pide a Reino Unido "aclaraciones" para progresar con el 'brexit'

BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) exigió hoy al Reino Unido "clarificaciones" en materia de derechos de los ciudadanos y sobre todo en cuanto a la factura que deberá pagar por abandonar el club comunitario, al término de la segunda ronda de negociaciones del 'brexit'.

"Como he dicho claramente a Davis, una clarificación por parte del Reino Unido es indispensable para negociar y lograr progresos suficientes sobre el acuerdo financiero, inseparable de otros elementos del dossier de la retirada", indicó el negociador jefe comunitario, Michel Barnier.
El político francés compareció en una rueda de prensa al término de esta ronda, que comenzó el lunes, junto a Davis, quien corroboró también "diferencias" entre las dos partes en cómo enfocar los derechos ciudadanos.
Tras una primera ronda en junio en la que sentaron la agenda de las negociaciones, Barnier dijo que ésta sirvió para que ambas partes presentaran sus propuestas y para identificar "convergencias y divergencias", y que la próxima, a finales de agosto, debería ser la de "las clarificaciones".
"Esta semana, juntos, hemos detallado el análisis jurídico de estos compromisos", comentó, al tiempo que afirmó que "queremos una salida ordenada y esto requiere saldar las cuentas".
Según dijo, "tan pronto como el Reino Unido esté listo para precisar la naturaleza de sus compromisos, estaremos dispuestos a discutir", pero advirtió de que el acuerdo financiero no se logrará con "pequeños pasos", por lo que pidió a Londres una propuesta sobre ese punto como ha hecho ya sobre los derechos de los ciudadanos.
Según diferentes cálculos, la factura oscila entre 60.000 y 100.000 millones de euros, pero fuentes comunitarias insistieron en que, por el momento, la UE no ha puesto una cifra sobre la mesa a Londres sino una propuesta con "la lista de lo que debe figurar en el reglamento financiero", algo que espera que el país haga también.
"Hay que saber cuál es ahora el enfoque del Reino Unido para decir cuáles son las obligaciones que entran en este ajuste de cuentas" a fin de poder avanzar en la negociación, dijeron esas fuentes, que adelantaron que, a su juicio, "habrá obligaciones que irán más allá de la salida del Reino Unido de la UE".
Davis, que destacó que a Bruselas se han desplazado 98 funcionarios británicos para las negociaciones, se mostró "animado" por los "progresos generales" alcanzados en esta ronda y puntualizó que "reconocemos nuestras obligaciones y derechos y buscaremos ejercer ambos".
Otro punto clave de esta fase de negociaciones es el de los derechos de los ciudadanos británicos y europeos.
Davis reconoció que "estamos de acuerdo en la necesidad de certidumbre para los ciudadanos, pero obviamente tenemos diferentes visiones sobre cómo conseguirlo", indicó.
Bruselas quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea el garante de los derechos de los ciudadanos europeos instalados en el Reino Unido y de los británicos residentes en la UE.
"Existe una divergencia fundamental sobre la manera de garantizar estos derechos", comentó Barnier, en especial en lo relacionado con cómo asegurar los derechos de futuros miembros de la familia o la exportación de ciertos beneficios sociales.
Fuentes comunitarias explicaron que el Reino Unido ha expresado interés por la situación de los trabajadores desplazados.
Los negociadores de Bruselas y Londres se refirieron también a la situación de Irlanda e Irlanda del Norte, que junto a los derechos de los ciudadanos y la factura del divorcio comunitario es uno de los asuntos prioritarios.
"Ambas partes siguen comprometidas con los Acuerdos del Viernes Santo y con alcanzar una solución flexible e imaginativa para abordar circunstancias únicas sobre las fronteras", dijo el negociador británico.
Davis precisó que esa solución también deberá recoger "mecanismos para preservar el Área de Viaje Común" y el negociador comunitario le solicitó "clarificar" cómo mantener esa zona.
Mientras que para Barnier no ha llegado el momento de las "concesiones" ya que se encuentran al comienzo de la negociación, Davis dejó claro que "nadie espera un acuerdo punitivo".
"Michel y yo estamos a favor de un buen acuerdo", concluyó el responsable británico.