LA HAYA.- La Corte Internacional de
Justicia de La Haya (CIJ) dará a conocer el lunes su fallo sobre la
demanda de Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida soberana
al mar, un reclamo que ha marcado las relaciones entre los dos países en
los últimos años.
Los 15 jueces de la CIJ deben pronunciarse
sobre la demanda presentada por La Paz el 24 de abril de 2013 en la que
solicita al tribunal que declare que "Chile tiene la obligación de
negociar con Bolivia para alcanzar un acuerdo que le garantice un acceso
plenamente soberano al Océano Pacífico".
El equipo de juristas contratado por el gobierno boliviano
ha basado sus argumentos en que Chile se ha comprometido a lo largo del
último siglo a negociar un acceso marítimo soberano, como muestran
diversos intentos frustrados.
Para Chile, debe imperar el derecho
internacional que regula los tratados como el que en 1904 firmaron ambos
países y que selló la pérdida de 120.000 km2 de territorio, entre ellos
400 km de costa, por Bolivia en la Guerra del Pacífico (1879-1883) que
libró contra Chile, con el apoyo de Perú.
Tras un proceso de más
de cinco años en el que se han avivado las tensiones entre ambos países
que sólo mantienen relaciones a nivel consular desde 1978, el fallo que
anuncie el presidente del tribunal, el magistrado somalí Abdulqawi Ahmed
Yusuf, a partir de las 15:00 (13:00 GMT) el lunes en La Haya, tendrá
sobre todo una lectura política en ambas capitales.
El fallo va a ser "leído
políticamente en los dos lados. Lo que está en juego no es tanto la
soberanía ni la salida al mar, sino la estrategia política de Evo
Morales (presidente de Bolivia) con Chile", dice la analista
peruana afincada en Santiago, Lucía Dammert, quien asegura que "pase lo
que pase" este verá en ello una victoria.
Morales, como ya lo hizo
en la última fase del juicio, estará el lunes en La Haya para escuchar
el veredicto que puede influir en sus aspiraciones a postularse por
cuarta vez a la presidencia en los comicios del próximo año pese a la
prohibición de la Constitución.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, no descarta una
"solución intermedia" en la que el tribunal "invite a las partes a
negociar de buena fe, y eso puede ser sin un resultado predeterminado o
con un resultado predeterminado".
Aunque el debate ha quedado
pospuesto para después del fallo, en Chile han surgido voces a favor de
abandonar el Pacto de Bogotá --que le da jurisdicción a la Corte-- como
hizo Colombia en 2012, tras el fallo negativo para sus intereses en el
diferendo marítimo que mantuvo con Nicaragua.
Bolivia obtuvo una
primera victoria en la CIJ en septiembre de 2015, cuando la Corte se
declaró competente para dirimir la demanda, pese a la objeción
preliminar de Chile.
Aunque se trató de un trámite, La Paz lo consideró un éxito pues el fallo del tribunal fue de 14 votos contra 2.
La Paz recurrió al CIJ en 2013 después de varios intentos frustrados de resolver su demanda por la vía bilateral.
Durante
la primera presidencia de la socialista Michele Bachelet (2006-2010) se
estableció un diálogo con una agenda de 13 puntos, incluido el reclamo
marítimo, pero con el primer gobierno del conservador Sebastián Piñera,
la negociación se frustró.
El tratado de 1904 reconoce a Bolivia el libre uso de puertos chilenos, aunque no tiene soberanía sobre ellos.
Según
las autoridades locales, el 80% de las mercancías que pasan por el
puerto de Arica, fronterizo con los dos países, procede de Bolivia.
Y
aunque no hay cifras, buena parte de las mercancías, y del contrabando,
que llega a Bolivia proceden del norte de Chile, país que sigue siendo
un destino atractivo para los bolivianos. Más de 400.000 ingresaron a
Chile en los primeros seis meses del año, solo por detrás de argentinos y
peruanos, según datos oficiales.
El fallo de la CIJ no pone fin a
los contenciosos entre los dos vecinos. En 2016, Chile presentó una
demanda contra Bolivia ante este tribunal por las aguas del Silala, que
Santiago considera un río internacional mientras que La Paz alega que es
un manantial cuyo curso fue alterado por los chilenos.
El pasado
31 de agosto, el presidente boliviano anunció una contrademanda por
estas aguas vitales para la minería chilena del norte del país.
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