WASHINGTON.- El gobierno de Estados
Unidos propone negar la residencia permanente a los inmigrantes que se
benefician de políticas públicas como bonos de alimentación o cupones
para vivienda, dijo el Departamento de Seguridad Interior
(DHS).
El presidente Donald Trump prometió durante la campaña de
2016 hacer más difícil la inmigración a Estados Unidos, así como reducir
el número de personas que se les permite permanecer en el país.
El DHS dijo que bajo la nueva propuesta, ser un actual o
antiguo receptor de ciertas ayudas públicas sería considerado como "un
factor de peso altamente negativo" para considerar un aplicación para
obtener la residencia permanente (tarjeta verde).
"La
reglamentación propuesta instrumentará una ley aprobada por el Congreso
que busca promover la inmigración auto-suficiente y proteger los
recursos finitos asegurando que no se conviertan en cargas para los
contribuyentes estadounidenses", dijo la secretaria de seguridad
Interior, Kirstjen Nielsen.
Ya se solicita a los inmigrantes que
aplican a la tarjeta verde a que prueben que no se convertirán en "una
carga pública", considerando los recibos de beneficios en dinero.
Pero
la nueva norma incluye un amplio espectro de beneficios públicos no
monetarios que podrían ser descalificadores, como bonos de alimentación,
cupones para vivienda y descuentos en las recetas de medicamentos por
bajos ingresos.
El DHS que la normativa afectaría a poco más de 382.200 inmigrantes que aplican para ser residentes permanentes cada año.
La
reglamentación afectaría principalmente a inmigrantes legales o
personas que buscan ingresar legalmente al país, pues los inmigrantes
indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.
En
junio, un informe que examinó los potenciales efectos -basados en un
borrador filtrado- el Instituto de Política Migratoria advirtió que
muchos inmigrantes y sus familias pueden renunciar a beneficios y
servicios para los que son elegibles "por temor a consecuencias reales o
percibidas"
Los defensores de los migrantes también expresaron
temores de las las familias podrían verse en la disyuntiva de elegir
entre mantener la familia unida o acceder a las necesidades.
La
reglamentación "coloca a la riqueza por encima de la familia, negando a
las familias trabajadoras comunes un lugar en Estados Unidos", dijo
Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro Legal de Políticas
Sociales.
La propuesta estará sujeta a un período de comentarios de 60 días antes de entrar en vigor.
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