WASHINGTON.- Hoy seis millones de estadounidenses no pueden sufragar por haber cometido algún delito. La "gran" democracia estadounidense sufre enormes
anomalías en su sistema, y además de esos millones de personas a los que
no se les permite votar por haber delinquido, existen numerosas
legislaciones que restringen el acceso al voto, especialmente a las
minorías afroamericana y latina.
Alrededor de 23
millones de personas que han cumplido condenas en EE.UU. no acuden a
votar porque creen que la legislación estatal les niega ese derecho,
pero 17 millones de ellos, como Pugh, podrían votar de inmediato según
datos de la organización Campaign Legal Center (CLC), dedicada a la
defensa del derecho al sufragio.
Pugh es uno de esos
afroamericanos que hace décadas cometió un delito menor, robo en tercer
grado, y ya pagó por ello. De hecho ni siquiera llegó a entrar en
prisión, pero se ha pasado veinte años pensando que no podía acudir a
las urnas y cuando era más joven nunca lo había hecho.
"Hace un par de años fui a intentar registrarme para votar, pero en la
oficina de registro me dijeron que por mis antecedentes no podía
hacerlo", explica desde su casa de Alabama.
Sin embargo, no se dio por vencido, y acudió
a una de estas organizaciones dedicadas a defender el derecho al
sufragio, donde también se da asesoría legal a personas con casos
similares al suyo.
"Miraron mis antecedentes y me
dijeron que sí, que podía votar y me ayudaron con el papeleo. Así que
volví al mismo sitio donde me denegaron el registro dos años atrás y
expliqué lo que me habían dicho. Estaban cometiendo un error conmigo,
nunca hice nada tan grave, fue una cosa de la juventud y ni siquiera fui
a la cárcel", insiste Pugh.
En seis estados,
Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, Tennessee y Virginia, más del
siete por ciento de la población adulta está privada de sus derechos
debido a una condena por delito grave.
Además de
estas legislaciones que cercenan los derechos de los exconvictos,
existen otras muchas que afectan al voto, como leyes estrictas de
identificación con foto, "diseñadas de manera que cientos de miles de
votantes elegibles y registrados no tienen la identificación necesaria
para votar", explica Danielle Lang, asesora legal del CLC..
Un caso ejemplar es el de Texas, donde antes de que fuera llevada ante
los tribunales, donde fue revocada, una ley de identificación electoral
privaba a más de 600.000 votantes registrados a acudir a las urnas por
falta de identificación adecuada.
A estas medidas, se
suman los recientes intentos de aumentar los requisitos para el
registro, incluida la prueba documental de ciudadanía y los sistemas de
doble registro, algo que, advierten, "amenaza con congelar al electorado
e impactar de manera desproporcionada a los jóvenes y las comunidades
de color no registradas", agrega Lang.
Asimismo,
muchos estados aún limitan a los votantes a solo poder hacerlo en
persona, al eliminar el voto anticipado y por correo, lo que hace que
votar sea mucho más difícil para los trabajadores, ya que en EE.UU. los
comicios son históricamente los martes.
Esta
privación de derechos no impacta de forma uniforme en todas las
comunidades, insiste la experta, y las comunidades de color se ven
"enorme y desproporcionadamente afectadas": En algunos estados, más del
20% de la población negra en edad de votar no puede.
Barbara Arnwine, presidenta y fundadora de Transformative Justice
Coalition coordinadora de la Alianza por los Derechos al Voto, y
Copresidenta de la Comisión Nacional para la Justicia Electoral, indica
que el sistema democrático estadounidense es un "mosaico complejo"
cuando se trata de acudir a votar.
"A pesar de que es
evidente que muchas de estas leyes crean obstáculos sustanciales para
los votantes, los estados no han tomado medidas para derogar o modificar
sus leyes restrictivas de votación", apunta Arnwine.
Y es que, insiste, "algunos funcionarios electos han adoptado la
supresión de votantes como una estrategia viable para reprimir a los
votantes no deseados, incluidas personas de color, estudiantes, mujeres
solteras y otros grupos".
La democracia
estadounidense sufre cada vez más problemas de universalidad en el
sufragio, e incluso hay casos de individuos que han sido condenados a
penas de cárcel por votar cuando, según las leyes estatales, no podían
hacerlo.
Este año, sin embargo, Pugh será uno de los
que recuperen ese derecho, y por primera vez en su vida acudirá a las
urnas en las elecciones legislativas de noviembre: "Por supuesto que iré
a votar -asegura-, estoy entusiasmado".
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