LISBOA.- La nueva normativa aprobada por el
Parlamento portugués para regular y limitar los apartamentos turísticos,
cuya práctica aumentó un 33 % el pasado año, entró en vigor este
domingo y pretende combatir el conocido efecto de la "gentrificación",
sobre todo en Lisboa, Oporto o en el Algarve luso.
Entre las medidas más significativas que recoge la nueva normativa
figura que los registros de los apartamentos tendrán que ser aprobados y
controlados por los propios Ayuntamientos.
Incluso, la comunidad de vecinos podrá solicitar, si así
se acuerda por mayoría, el cierre del apartamento turístico en caso de
incumplimiento de algunos requisitos mínimos de seguridad, sanidad o si
existen perturbaciones que impidan la normal convivencia.
Además, los vecinos podrán solicitar un aumento de hasta un 30 % de la
cuota de la comunidad de vecinos para el dueño del apartamento
turístico.
Para dar de alta dicha actividad, el
propietario tendrá que presentar una instancia al Ayuntamiento,
requisito que no era necesario hasta ahora, ya que bastaba con presentar
la solicitud al ente público Turismo de Portugal.
En
caso de que el apartamento turístico contravenga la ley que entra hoy
en vigor, el propietario se enfrentará a multas de entre 2.500 y 4.000
euros y en caso de empresas oscilarán entre los 25.000 y los 40.000
euros.
Según las asociaciones turísticas y hoteleras
de Portugal, la práctica de los alojamientos turísticos suponen ingresos
para alrededor de 33.000 familias portuguesas, ya que existen algo más
de 70.000 apartamentos turísticos en el país.
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