El pasado 12 de septiembre se produjo un hecho insólito en el
Parlamento Europeo, cuando se votó, por primera vez en la historia de la
CE, la activación del artículo 7 del Tratado de Maastrich. El país
objeto del debate fue Hungría y el motivo, el repetido incumplimiento de
derechos y prácticas democráticas por su actual Gobierno.
Hay que recordar que el citado artículo establece que el Parlamento
“podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por
parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo
2”. Cuando esto sucede, se pone en marcha un proceso que puede llevar a
la suspensión de algunos derechos del Estado miembro acusado.
Por su parte, el artículo 2 dictamina lo siguiente: “La Unión se
fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías”.
La libertad de prensa y el funcionamiento imparcial y justo
del sistema electoral son aspectos que, a juicio de la mayoría de los
parlamentarios europeos, están en peligro en el país del Danubio. Así lo
ha querido señalar el Parlamento, para proteger las esencias
democráticas inherentes a la CE.
Pero eso no ha sido todo. En fechas posteriores, como ocurrió el
pasado viernes, el Tribunal de Justicia Europeo paralizó la reforma del
Tribunal Supremo de Polonia en un auto que ordenaba a Varsovia suspender
las decisiones adoptadas al respecto, mantener en su puesto a los
jueces afectados por la reforma y suspender cualquier nuevo
nombramiento. La democracia otra vez en peligro.
Y como colofón, la denominada “Comisión de Venecia”, que es el órgano
consultivo de la CE en asuntos de derecho constitucional, expresó
oficialmente su preocupación por las modificaciones que el Gobierno de
Rumania tenía previsto introducir en su legislación básica.
A pesar de tan claros indicios de un evidente deterioro democrático
en el seno de la UE, para algunos pueblos y sus gobernantes siguen
siendo la inmigración y sus peligros el argumento que se maneja
sistemáticamente para forzar la opinión pública. Gracias a ese temor,
artificialmente exagerado, han alcanzado el poder Viktor Orbán en
Hungría y Matteo Salvini en Italia.
Y lo que es más peligroso: la retórica populista que crece en Europa
se prepara para asaltar el Parlamento en las elecciones de mayo de 2019.
Esa retórica que oculta que la inmigración es necesaria para sostener
una Europa progresivamente envejecida y donde los pueblos,
sistemáticamente engañados, sobreestiman siempre el número real de
inmigrantes que cada país acoge, como muestran las encuestas.
Los europeos hemos de entender que la inmigración no destruye nuestra
cultura o nuestro modo de vida, cultura y vida que han ido
evolucionando a lo largo de la rica historia europea. Pero desmantelar
los instrumentos que permiten que los ciudadanos actúen en democracia,
entre los que se halla la libertad de prensa o la justicia imparcial y
no sometida al poder ejecutivo, es el verdadero peligro al que hemos de
enfrentarnos los europeos. Una vez más, es lo de siempre: la democracia
frente al autoritarismo de unos dirigentes iluminados.
Cuando los europeos demócratas hayamos de votar el próximo año,
habremos de esforzarnos en no centrar solo nuestro discurso sobre las
virtudes del multiculturalismo o la solidaridad humana. Tendremos que
insistir, sin olvidar lo anterior, en que es la democracia la que está
en peligro en Europa y, con ella, los elementos que permiten a los
pueblos hacer frente a los abusos del poder.
Los populismos europeos centrarán el debate en el fantasma de la
inmigración. Los demócratas europeos contraatacaremos exigiendo, como lo
permite el artículo 7 del Tratado de la Unión, respeto a los valores
esenciales de la democracia, que ya hoy están siendo torpedeados en
varios países europeos.
(*) General de Artillería en la Reserva y Diplomado de Estado Mayor en España
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