Bruselas no ha dado un portazo tajante a las cuentas y previsiones
económicas presentadas por el Gobierno español pero ha tomado
distancias. Considera que las previsiones gubernamentales sobre la
economía son algo irreales y subidas de optimismo.
Nada grave, dada la
situación que atraviesa Italia por razones bastante similares, aunque de
mayor cuantía, y sobre todo nada serio en relación con el estatus
español, que podrá salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, en el
que entraban los países con un déficit superior al 3% del PIB. España es
el único país que está en la fase de abandono de este grupo de malos
gestores, en donde ha pernoctado durante bastantes años. Ahora toca
respirar.
Con todo, Bruselas ha rebajado un tanto el optimismo con el que
España ha elaborado las cuentas, aún con la limitación de no disponer de
un Presupuesto en vigor, lo que limita la capacidad de actuación
gubernamental y puede tener consecuencias negativas sobre la economía en
el inmediato futuro, si con el transcurso de los meses persisten las
limitaciones derivadas de la inexistencia de un Presupuesto aprobado.
La rebaja del optimismo se centra en varios puntos. El primero, las
previsiones de crecimiento del PIB, que no están a la altura de las que
se habían formulado hace pocos meses pero que apenas difieren de las que
han formulado algunos organismos privados y hasta el propio Gobierno.
España tendrá que conformarse con un 2,6% de crecimiento este año y un
2,2% el próximo, previsiones que se ajustan a las nuevas estimaciones
que maneja Bruselas para el conjunto de la zona euro, ya que Europa ha
ajustado a la baja, hasta el 2,1%, el posible crecimiento del PIB para
este año y al 1,9% para el próximo. La rebaja del PIB europeo no es
desde luego nada buena para España porque a la zona euro va el 70% de
nuestra exportación y de ahí procede el grueso de los visitantes
turísticos.
Si ambas variables se resquebrajan, la economía española
tendrá menos argumentos para mantener el crecimiento y el ritmo de
creación de empleo de estos últimos años.
La segunda cuestión que Bruselas ha puesto en entredicho atañe a las
cifras del Presupuesto y a la postre a las previsiones de déficit. Tal y
como ya han diagnosticado bastantes analistas domésticos, las
previsiones de ingresos presentadas por el Gobierno, tanto las de
figuras impositivas anteriores como las de nuevo cuño, dan una previsión
de ingresos fiscales que no será fácil de alcanzar.
Dicho de otra
forma, Bruselas ratifica la impresión generalizada según la cual España
no logrará recaudar tanto como prevé el Gobierno, lo que a la postre es
muy probable que se traduzca en más déficit. Las primeras estimaciones
de déficit se cifraban en el 1,8% del PIB hasta la revisión inicial que
subió desde el 1,3% la estimación precedente.
Bruselas cree que al
final, tal y como están las previsiones presupuestarias actuales, España
acabará con un déficit del 2,1% del PIB, por lo que pedirá a las
autoridades españolas, llegado el caso, algunos ajustes en materia de
gasto.
La última consideración que formula Bruselas se refiere al polémico
asunto del Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno, en un
alarde de concesión a sus socios de Podemos, elevará de forma
sustancial el año próximo, un 22% por encima del ahora vigente.
Bruselas se une a las críticas que ya han formulado algunos analistas,
entre ellos el Banco de España, y se atreve a formular un pronóstico:
el alarde populista costará unos 70.000 empleos.
No es un plato de bueno
gusto y mucho menos para esos 70.000 ciudadanos que hipotéticamente se
verán privados de trabajo (otras fuentes han elevado la cifra de
afectados por encima de las 100.000 personas). Se trata en todo caso de
hipótesis que ni siquiera se podrán evaluar en el futuro. Pero quizás a
los gobernantes se les ha ido algo la mano y eso tendrá un coste. Las
promesas económicas tienen que aguantar la prueba de la realidad. Sobre
el papel todo puede ser hermoso y agradable, pero la realidad se
encarga de poner las cosas en su sitio.
(*) Periodista y economista español
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