JOHANNESBURGO.- La Justicia sudafricana denegó hoy
una petición urgente para frenar el proceso parlamentario de reforma de
la Constitución que prevé hacerla más explícita respecto a la
posibilidad de expropiar tierras sin compensación.
La
solicitud urgente había sido interpuesta por el grupo de presión
afrikáner Afriforum con el objetivo de que el próximo martes el
Parlamento trate el informe final de la comisión legislativa encargada
de estudiar el tema, con conclusiones favorables a reformar la
Constitución.
El "lobby" afrikáner alega que el proceso de consulta
pública previo a la elaboración de ese informe no se realizó
correctamente.
En su dictamen y después de escuchar a
las partes durante esta semana, el Tribunal Superior de la provincia
del Cabo Occidental consideró hoy que no hay base para una petición
urgente.
Aunque el rechazo de esta petición significa
que el Parlamento -en el que el gobernante Congreso Nacional Africano
(CNA) tiene la mayoría- abordará la polémica reforma constitucional el
próximo martes, el proceso judicial para determinar si el grupo de
presión tiene razón o no en sus alegaciones continuará más adelante.
"Como el Parlamento ha enfatizado constantemente, la solicitud de
Afriforum era desacertada, abusiva con el proceso judicial, prematura y
con intención de silenciar al Parlamento y a miles de sudafricanos que
han expresado sus opiniones a través del proceso de participación
pública", señaló el órgano legislativo en un comunicado en el que
celebró la decisión del tribunal.
En el texto, el
Parlamento enfatizó también que la recomendación de reformar la
Constitución atiende al "interés público" y a la necesidad de "abordar
las injusticias del pasado infligidas en la mayoría de los
sudafricanos".
El cambio constitucional afecta al
artículo 25 de la Carta Magna y busca hacer explícito que la
expropiación sin compensación sea una herramienta legítima para mejorar
el desigual reparto de la tierra en Sudáfrica.
Estas
políticas tratan de corregir un escenario en el que, pese a haber
transcurrido casi medio siglo desde el fin oficial del sistema de
segregación racial del "apartheid" (1994), la minoría blanca (10 % de la
población) posee el 72 % del suelo en manos de particulares.
Indios y mestizos se adjudican el 15 % y la población negra (76 % en
términos demográficos) solo poseería el 4 %, aunque estas cifras no son
un indicador absoluto por no tener en cuenta, por ejemplo, el suelo
cedido para áreas comunales negras, sin títulos de propiedad
individuales adjudicados.
Desde su primera victoria
en 1994, los distintos gobiernos del CNA han puesto en marcha, con muy
poca efectividad, distintas recetas para revertir el escenario.
La defensa de la expropiación sin compensación y la reforma
constitucional viene impulsada especialmente desde la extrema izquierda
sudafricana, pero el gobernante CNA ha sumado su apoyo.
El propio presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ratificó el respaldo
en agosto pasado, si bien aseguró que la expropiación es solo una
medida más y que todo lo que se haga, pese al recelo de los mercados, no
pondrá en peligro ni la seguridad alimentaria ni la debilitada economía
sudafricana.
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