BRUSELAS.- La Comisión Europea está más cerca de abrir un procedimiento por exceso de déficit a Italia, que podría conllevar sanciones al país,
después de que el Gobierno de Roma le remitiese ayer un plan
presupuestario revisado para 2019 sin apenas cambios con respecto al
rechazado por Bruselas.
En
octubre la Comisión había pedido a Roma un borrador presupuestario
revisado tras constatar que las cuentas del Gobierno italiano suponían
un incumplimiento claro y significativo de las normas comunitarias, al no acometer el ajuste estructural y la reducción de deuda pública pactados.
Sin
embargo, el Ejecutivo del antisistema Movimiento 5 Estrellas y la
ultraderechista Liga se mantuvo ayer firme en la defensa de unas cuentas
que considera necesarias para relanzar el crecimiento y envió un
borrador que mantiene la cifra de déficit para 2019 en el 2,4 %, tres veces más de lo pactado.
Como
cambios, introduce el compromiso de no rebasar esa cota, así como un
programa de venta de inmuebles públicos con el que podría recaudar unos
18.000 millones de euros para reducir más su deuda.
La Comisión evaluará ahora el nuevo documento y el próximo 21 de noviembre dará su opinión definitiva sobre las cuentas.
En caso de que confirme que persiste el incumplimiento, Italia se enfrenta a la apertura de un procedimiento por exceso de déficit
que contempla, en última instancia, la posibilidad de imponer sanciones
de entre el 0,2 % y el 0,5 % del PIB italiano (entre 3.450 millones de
euros y 8.625 millones, aproximadamente).
Aunque
el procedimiento para ello es largo, los Gobiernos de Holanda y Austria
han señalado ya hoy que estarían a favor de avanzar hacia el proceso
sancionador.
"Si Italia no
actúa, Austria estaría preparada para apoyar un posible procedimiento
por déficit excesivo", dijo el ministro de Finanzas austríaco, Hartwig Löger, insistiendo en que no se trata de un problema interno italiano sino de uno "europeo", según recoge la prensa austríaca.
"Este
presupuesto es una violación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Estoy profundamente preocupado. Ahora depende de la Comisión Europea dar
los próximos pasos", dijo su homólogo holandés, Wopje Hoekstra, quien
subrayó que es "poco sorprendente, pero muy decepcionante", que Italia no haya ajustado su plan.
La
pelota está ahora en el tejado de la Comisión, que debe hacer la
evaluación del nuevo borrador presupuestario y además completar el
informe sobre la situación de la deuda pública italiana, que es
imprescindible para decidir si hay base para un procedimiento.
Contrariamente
al descenso previsto por Roma, la Comisión cree que la deuda de la
tercera economía del euro se estancará en el actual 131 % del PIB en
2019 y 2020, lejos del umbral del 60 % que fijan las normas.
La evaluación se conocerá el día 21 y el informe podría llegar también la próxima semana,
aunque aún no hay fecha concreta. Después tienen que ser respaldados
por el Consejo de la UE (los países), que hasta ahora ha apoyado la
postura de la Comisión en este caso.
Si
se confirma el incumplimiento, algo plausible dada la escasez de
cambios en las cuentas, la Comisión podría abrir -con el beneplácito del
Consejo- el procedimiento por exceso de déficit.
Bruselas
daría entonces a Roma un plazo de entre tres y seis meses para tomar
medidas correctivas y le fijaría objetivos concretos.
Solo
si el Gobierno italiano no reconduce la situación en el periodo
previsto, la Comisión podría, ya entrado 2019, proponer sanciones, que
pueden consistir en las citadas multas económicas, la congelación de
fondos estructurales europeos o la demanda de un depósito sin devengo de
intereses hasta que corrija el desvío, entre otras medidas.
Aunque
es la primera vez que Bruselas rechaza un presupuesto, los
procedimientos por exceso de déficit son relativamente habituales en la
UE, especialmente durante la crisis financiera.
De hecho, en 2016 Bruselas propuso multar a España y Portugal tras constatar que no habían tomado medidas para reducir sus abultados déficit, pero finalmente ambos se libraron.
Sin
embargo, la situación difiere de la de entonces en el tono del debate
entre el Ejecutivo comunitario y el Gobierno de Roma, que reivindica el
desvío, se muestra desafiante y en los últimos días ha descalificado a
los representantes de la Comisión, especialmente por boca del
vicepresidente Matteo Salvini.
Este afirmó ya hoy que las posibles sanciones irían contra "el pueblo italiano".
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