BRUSELAS.- Los ministros de Transporte de la
Unión Europea (UE) lograron cerrar un acuerdo hoy de madrugada sobre las
nuevas condiciones laborales aplicables al transporte por carretera,
destinadas a evitar el dumping social entre los conductores de los
distintos países y a reducir las cargas administrativas.
"El acuerdo de hoy facilita reglas más justas para los conductores y
las empresas de transporte y una mayor eficiencia a las autoridades
nacionales de control. Los conductores profesionales tendrán mejores
condiciones laborales y las empresas que trabajan entre países ganarán
en seguridad legal y menos burocracia", dijo el ministro de Transporte
de Austria, Norbert Hofer, cuyo país preside la UE este semestre.
Entre otros aspectos, el Consejo (países de la UE)
acordó que todos los vehículos que lleven a cabo operaciones de
transporte internacional deberán ir equipados para finales de 2024 con
tacógrafos inteligentes que registrarán de manera automática cuándo y
dónde los camiones han cruzado una frontera y localizarán las
operaciones de carga y descarga.
Sobre el cabotaje,
es decir, las operaciones de las compañías de transporte llevadas a cabo
en un mercado nacional pero fuera de su propio país, los ministros
acordaron mantener la regla que permite un máximo de tres operaciones en
siete días.
Para impedir las operaciones de
cabotaje sistemáticas, se introducirá un periodo de cinco días antes de
poder llevar a cabo nuevas operaciones de ese tipo en el mismo país y
con el mismo vehículo.
El responsable de las
operaciones de transporte deberá organizar el calendario de los
conductores de manera que puedan regresar a su domicilio al menos cada
cuatro semanas o, si el conductor decide tomarse dos descansos semanales
reducidos, después de tres semanas en la carretera.
La reforma que los ministros respaldaron clarifica de qué manera deben
los conductores europeos beneficiarse del principio de disfrutar del
mismo salario por el mismo trabajo realizado en el mismo lugar, evitando
así el dumping social.
Las normas respaldadas por
los países forman parte del llamado primer "paquete de movilidad"
presentado por la Comisión Europea en junio de 2017.
El Consejo (países de la UE) deberá negociar en el futuro con el
Parlamento Europeo para la aprobación definitiva de estas normas.
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