MADRID.- El Brexit
duro ha dejado de ser una hipótesis remota en Europa. El Gobierno español tiene
ya casi listo un plan de contingencia para amortiguar los efectos
adversos que acarreará a España un divorcio británico sin acuerdo. El
Ejecutivo lanzará en enero una batería de medidas y recomendaciones
centradas en los sectores más expuestos. Los derechos de los ciudadanos,
la aviación —con Iberia como punto crítico— y el intercambio de
mercancías figuran entre los apartados clave.
España es uno de los países comunitarios que mantiene lazos más
estrechos con Reino Unido. Esa ligazón obliga al Ejecutivo a anticiparse
al peor escenario: una salida abrupta de la UE el próximo 30 de marzo. Aunque el Gobierno lleva meses explorando esta posibilidad,
la caótica situación que vive Londres, incapaz de garantizar a sus
socios europeos la aprobación del plan que la primera ministra, Theresa
May, firmó con los líderes europeos, obliga a acelerar.
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez,
que ha tomado las riendas de este proyecto, prevé lanzarlo en enero,
posiblemente después de la votación en la que el Parlamento británico deberá decidir si acepta el acuerdo sobre la mesa.
La plasmación más visible será una página web dirigida a empresas y
ciudadanos con toda la información relativa al Brexit, según explican
fuentes gubernamentales al diario El País.
Ese proyecto contemplará dos escenarios: salida pactada, todavía la
más plausible, y sin acuerdo, que gana peso cada día que pasa. Hasta
ahora, el Ejecutivo ha sido reacio a explorar públicamente esta segunda
posibilidad para no generar inquietud entre agentes económicos y
ciudadanos (aunque sí hablaba en privado con los sectores más
afectados). Pero la cercanía de la fecha de salida y el plan general de contingencia que divulgó la semana pasada la Comisión Europea impulsan a dar más relevancia al escenario adverso.
Prácticamente todos los ministerios están implicados en esta labor de
detectar las áreas más sensibles y anticipar posibles remedios.
Pese a
todo, el Ejecutivo cree que corresponde a las empresas pertrecharse
contra los posibles efectos negativos.
Estos son los elementos más
destacados del plan de contingencia:
Ciudadanos. España acoge la mayor comunidad de residentes británicos de la UE (unos 300.000) y un número nada despreciable de españoles
(116.000) vive en Reino Unido. El Ejecutivo español parte de la base de
que, aun sin salida pactada, a Londres le interesará mantener
recíprocamente los derechos de este importante colectivo. A raíz de las
recomendaciones que ha lanzado la Comisión Europea de mantener intactos
los derechos, el Gobierno español pretende alcanzar acuerdos que
garanticen el derecho a la residencia, a la asistencia sanitaria y el
reconocimiento de los títulos académicos. Las fuentes consultadas
confían en que este sea el terreno menos conflictivo.
Aviación. Más complejo se presenta el tráfico aéreo.
Por encima de la incertidumbre general respecto a un sector clave para
el turismo, España afronta el problema particular de Iberia, integrada
en el grupo británico IAG. La compañía pasará a ser considerada extracomunitaria
si de aquí al momento de la salida no ha logrado aplicar algunos
cambios en su estructura que demuestren a la Comisión Europea que su
accionariado es mayoritariamente europeo. Un Brexit brusco deja a esta
compañía sin el plazo con el que contaba —el divorcio pactado prevé un
periodo de transición de casi dos años en el que se mantiene el statu quo en la UE— para acometer los cambios de manera pausada. “En el peor de los escenarios,
habrá medidas internas para salvaguardar los intereses de los
ciudadanos afectados”, aseguran las fuentes consultadas, que rehúsan dar
más pistas.
Comercio. El Gobierno tiene ya una estimación de
cuánto deberá aumentar sus dispositivos de aduanas si la salida de Reino
Unido no es consensuada. En ese caso, las mercancías se someterán a
controles aduaneros para asegurar que abonan los aranceles y para
aplicarles inspecciones de distinto tipo (por ejemplo fitosanitarias)
porque ya no provendrán de un país miembro. Esas barreras amenazan con
alterar significativamente unos intercambios muy voluminosos: Reino
Unido es el cuarto destino de exportaciones españolas. Y el principal
receptor extranjero de inversión.
El grueso del perjuicio económico dependerá de lo preparadas que
estén las empresas. El Ministerio de Economía lleva tiempo ofreciendo
información sobre cómo operar en un país que a partir de marzo no será
comunitario. También habrá instrucciones sobre cómo el Instituto de
Crédito Oficial puede ofrecer financiación en caso de dificultades,
aunque de momento el Gobierno no se plantea abrir líneas específicas por
el Brexit.
Inicialmente, el Ejecutivo había identificado el sector financiero
como uno de los más expuestos (el Banco Santander tiene un gran volumen
de negocio en territorio británico). Pero los planes de Bruselas y los
preparativos que han realizado los bancos han alejado esos temores,
según las fuentes consultadas.
Pesca. También en este terreno, España considera que
la labor general del Ejecutivo comunitario reduce significativamente
los efectos adversos para los pescadores españoles que operan en Reino
Unido (hay unos 80 barcos españoles faenando en caladeros británicos).
Gibraltar. El asunto relacionado con el Brexit que más esfuerzos diplomáticos ha consumido en España es el que el Gobierno considera ahora más encarrilado.
La Moncloa aventura que, aunque decaiga el acuerdo general de retirada
británica de la Unión Europea —incluido el protocolo específico sobre
Gibraltar—, los arreglos bilaterales que han suscrito Madrid y Londres
respecto a la colonia británica se mantendrán vigentes. Y eso garantiza
el entendimiento en los cuatro ámbitos de fricción clave que se han
mantenido entre España y el Peñón: tránsito de ciudadanos, contrabando
de tabaco, competencia fiscal y litigios medioambientales. Está por ver
que Reino Unido dé por buenos estos memorandos en caso de que se acabe
frustrando el acuerdo sobre el Brexit entre Bruselas y Londres.
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