miércoles, 26 de diciembre de 2018

El Gobierno español ultima un plan de contingencia ante un Brexit duro

MADRID.- El Brexit duro ha dejado de ser una hipótesis remota en Europa. El Gobierno español tiene ya casi listo un plan de contingencia para amortiguar los efectos adversos que acarreará a España un divorcio británico sin acuerdo. El Ejecutivo lanzará en enero una batería de medidas y recomendaciones centradas en los sectores más expuestos. Los derechos de los ciudadanos, la aviación —con Iberia como punto crítico— y el intercambio de mercancías figuran entre los apartados clave.

España es uno de los países comunitarios que mantiene lazos más estrechos con Reino Unido. Esa ligazón obliga al Ejecutivo a anticiparse al peor escenario: una salida abrupta de la UE el próximo 30 de marzo. Aunque el Gobierno lleva meses explorando esta posibilidad, la caótica situación que vive Londres, incapaz de garantizar a sus socios europeos la aprobación del plan que la primera ministra, Theresa May, firmó con los líderes europeos, obliga a acelerar. 
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tomado las riendas de este proyecto, prevé lanzarlo en enero, posiblemente después de la votación en la que el Parlamento británico deberá decidir si acepta el acuerdo sobre la mesa. La plasmación más visible será una página web dirigida a empresas y ciudadanos con toda la información relativa al Brexit, según explican fuentes gubernamentales al diario El País.
Ese proyecto contemplará dos escenarios: salida pactada, todavía la más plausible, y sin acuerdo, que gana peso cada día que pasa. Hasta ahora, el Ejecutivo ha sido reacio a explorar públicamente esta segunda posibilidad para no generar inquietud entre agentes económicos y ciudadanos (aunque sí hablaba en privado con los sectores más afectados). Pero la cercanía de la fecha de salida y el plan general de contingencia que divulgó la semana pasada la Comisión Europea impulsan a dar más relevancia al escenario adverso.
Prácticamente todos los ministerios están implicados en esta labor de detectar las áreas más sensibles y anticipar posibles remedios. 
Pese a todo, el Ejecutivo cree que corresponde a las empresas pertrecharse contra los posibles efectos negativos. 

Estos son los elementos más destacados del plan de contingencia:

Ciudadanos. España acoge la mayor comunidad de residentes británicos de la UE (unos 300.000) y un número nada despreciable de españoles (116.000) vive en Reino Unido. El Ejecutivo español parte de la base de que, aun sin salida pactada, a Londres le interesará mantener recíprocamente los derechos de este importante colectivo. A raíz de las recomendaciones que ha lanzado la Comisión Europea de mantener intactos los derechos, el Gobierno español pretende alcanzar acuerdos que garanticen el derecho a la residencia, a la asistencia sanitaria y el reconocimiento de los títulos académicos. Las fuentes consultadas confían en que este sea el terreno menos conflictivo.

Aviación. Más complejo se presenta el tráfico aéreo. Por encima de la incertidumbre general respecto a un sector clave para el turismo, España afronta el problema particular de Iberia, integrada en el grupo británico IAG. La compañía pasará a ser considerada extracomunitaria si de aquí al momento de la salida no ha logrado aplicar algunos cambios en su estructura que demuestren a la Comisión Europea que su accionariado es mayoritariamente europeo. Un Brexit brusco deja a esta compañía sin el plazo con el que contaba —el divorcio pactado prevé un periodo de transición de casi dos años en el que se mantiene el statu quo en la UE— para acometer los cambios de manera pausada. “En el peor de los escenarios, habrá medidas internas para salvaguardar los intereses de los ciudadanos afectados”, aseguran las fuentes consultadas, que rehúsan dar más pistas.

Comercio. El Gobierno tiene ya una estimación de cuánto deberá aumentar sus dispositivos de aduanas si la salida de Reino Unido no es consensuada. En ese caso, las mercancías se someterán a controles aduaneros para asegurar que abonan los aranceles y para aplicarles inspecciones de distinto tipo (por ejemplo fitosanitarias) porque ya no provendrán de un país miembro. Esas barreras amenazan con alterar significativamente unos intercambios muy voluminosos: Reino Unido es el cuarto destino de exportaciones españolas. Y el principal receptor extranjero de inversión.
El grueso del perjuicio económico dependerá de lo preparadas que estén las empresas. El Ministerio de Economía lleva tiempo ofreciendo información sobre cómo operar en un país que a partir de marzo no será comunitario. También habrá instrucciones sobre cómo el Instituto de Crédito Oficial puede ofrecer financiación en caso de dificultades, aunque de momento el Gobierno no se plantea abrir líneas específicas por el Brexit.
Inicialmente, el Ejecutivo había identificado el sector financiero como uno de los más expuestos (el Banco Santander tiene un gran volumen de negocio en territorio británico). Pero los planes de Bruselas y los preparativos que han realizado los bancos han alejado esos temores, según las fuentes consultadas.

Pesca. También en este terreno, España considera que la labor general del Ejecutivo comunitario reduce significativamente los efectos adversos para los pescadores españoles que operan en Reino Unido (hay unos 80 barcos españoles faenando en caladeros británicos).

Gibraltar. El asunto relacionado con el Brexit que más esfuerzos diplomáticos ha consumido en España es el que el Gobierno considera ahora más encarrilado. La Moncloa aventura que, aunque decaiga el acuerdo general de retirada británica de la Unión Europea —incluido el protocolo específico sobre Gibraltar—, los arreglos bilaterales que han suscrito Madrid y Londres respecto a la colonia británica se mantendrán vigentes. Y eso garantiza el entendimiento en los cuatro ámbitos de fricción clave que se han mantenido entre España y el Peñón: tránsito de ciudadanos, contrabando de tabaco, competencia fiscal y litigios medioambientales. Está por ver que Reino Unido dé por buenos estos memorandos en caso de que se acabe frustrando el acuerdo sobre el Brexit entre Bruselas y Londres.

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