PANAMÁ.- El Grupo Unidos por el Canal (GUPC),
que construyó el nuevo juego de esclusas de la ampliación del Canal de
Panamá, deberá pagarle a la vía acuática más de 847,6 millones de
dólares que el consorcio internacional, que integra entre otras la
empresa española Sacyr, había recibido como anticipos.
Así lo determinó un laudo arbitral del que la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) fue notificada hoy, en el cual el Tribunal Arbitral
determinó que el consorcio deberá "pagarle los adelantos iniciales los
cuales ascienden a 547.958.819,42 dólares; y los adelantos adicionales,
los cuales ascienden a 299.671.507.68 dólares, que suman 847.630.327,10
dólares".
"La ACP continuará ejerciendo todas las acciones que en
derecho le asisten para el cobro inmediato de dichos adelantos que se
encuentran pendientes de pago y que se encuentran debidamente
garantizados por Cartas de Créditos y Garantías Corporativas", dijo el
organismo autónomo panameño en un comunicado oficial.
El GUPC, integrado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de
Nul, y la panameña CUSA, se adjudicó en el 2009 el contrato de diseño y
construcción de las nuevas esclusas del Canal de Panamá por un monto de
3.118 millones de dólares.
El consorcio sin embargo
ha elevado a la fase de arbitraje reclamos por un total de 5.393
millones de dólares, de los cuales están pendientes los correspondientes
a 5.199 millones de dólares, dijo en julio pasado el
administrador de la ACP, Jorge Quijano.
La
administración del Canal, por donde pasa cerca del 6 % del comercio
mundial, recordó ayer miércoles que le otorgó una serie de anticipos al
GUPC "para la ejecución del contrato".
Añadió que el
consorcio interpuso un arbitraje internacional en el que solicitó que se
"declarara que esos los adelantos "no habían vencido, con lo cual no
eran líquidos ni exigibles hasta que la totalidad de sus reclamos fuesen
resueltos en arbitraje".
Este arbitraje se llevó a
cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), con sede en Miami (EE.UU.) y determinó que el
consorcio deberá pagarle a la ACP adelantos que suman "847.630.327,10
dólares".
"La ACP queda autorizada para cobrar de
manera inmediata la Garantía emitida por UniCredit AG, sucursal de
Londres, por el monto de 13.186.719 dólares para garantizar el pago de
los intereses generados desde la fecha de vencimiento de los adelantos
iniciales hasta el 16 de diciembre de 2018", indicó el comunicado
oficial.
Indicó además que "Grupo Unidos por el Canal
S.A. Sacyr S.A., Salini-Impregilo S.p.A., Jan De Nul N.V., Constructora
Urbana S.A., y Sofidra S.A. deberán reembolsar" a la ACP "395.000
dólares en concepto de costas y gastos de los Miembros del Tribunal y
gastos administrativos de la Corte Internacional de Arbitraje de la
CCI".
"Grupo Unidos por el Canal S.A. Sacyr S.A.,
Salini-Impregilo S.p.A., Jan De Nul N.V., Constructora Urbana S.A. y
Sofidra S.A. deberán pagar" a la ACP "5.444.478,50 dólares como
contribución a las costas legales y demás gastos incurridos por la ACP
en relación con el arbitraje", dijo el organismo.
Agregó que "todas las demás solicitudes de resarcimiento requeridas por GUPCSA fueron denegadas", sin dar más precisiones.
Por su parte, este miércoles Sacyr informó en Madrid de que el GUPC
debe devolver a la ACP anticipos por importe de 547,9 millones de
dólares (482 millones de euros), que fueron entregados en 2009 en
concepto de costes de movilización e instalación de plantas.
Según Sacyr, la fecha tentativa de la eventual devolución se había
fijado en junio de 2018, ya que las partes entendían que daría tiempo a
que se dictaran las resoluciones, pero debido a la complejidad de los
arbitrajes, los procesos exigirán un plazo más dilatado.
De acuerdo con el comunicado de Sacyr, GUPC respeta la fecha de devolución de los anticipos.
La empresa española destacó que el laudo también establece que la ACP
debe abonar a GUPC los gastos de mantenimiento no pagados hasta la
fecha, que ascienden a 36 millones de dólares (31,6 millones de euros)
más intereses.
Al respecto, la ACP dijo en su
comunicado que "no estaba autorizada para retener montos pagaderos a
GUPCSA relacionados con los Servicios de Mantenimiento, con lo cual
deberá devolverle a GUPCSA dichos montos".
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