MANAGUA.- La
crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua le ha costado al país unos
1.300 millones de dólares desde el estallido social de abril, informó
hoy el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La
cantidad, que casi equivale al 10 por ciento de la economía
nicaragüense, ha afectado de forma directa a unos 400.000 nicaragüenses,
que han ido al desempleo, pasaron a puestos menos remunerados o están
en la informalidad, informó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri,
en conferencia de prensa.
Según
el Cosep, como producto de la crisis la economía de Nicaragua caerá 20
puntos porcentuales entre 2018 y 2019, si se toma en cuenta que perderá 8
puntos porcentuales en ambos años más otros 11 puntos que dejará de
crecer.
El
impacto es fuerte para un país que en los últimos 7 años creció a un
ritmo promedio superior al 5 por ciento, según el sector privado.
"Lo
que tomó 7 años construir, se perdió en 7 meses, en algunos sectores ya
se retrocedió entre 3 y 4 años, cada mes de crisis representa un año o
medio año perdido", resaltó Aguerri.
Datos del Gobierno de Nicaragua indican que el país ha perdido 205,4 millones de dólares y más de 119.000 puestos de trabajo.
Tanto
el Banco Central de Nicaragua como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) han confirmado que la economía nicaragüense tendrá una contracción
del 4 por ciento en 2018.
Nicaragua
atraviesa una crisis que ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos
políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de
miles en el exilio, según organizaciones humanitarias.
El Gobierno acepta 199 víctimas y 273 reos, que denomina "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
La
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de
ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica,
detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras
violaciones a los derechos humanos.
Ortega no admite responsabilidades y considera que venció un intento de "golpe de Estado".
Las
protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo,
se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo,
por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en
una exigencia de renuncia.
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