BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) instó hoy a
Gibraltar a recuperar cerca de cien millones de euros en ventajas
fiscales concedidas a empresas multinacionales, tras constatar que son
ilegales en función de las normas sobre ayudas estatales de la Unión
Europea (UE).
La CE constató la ilegalidad del
régimen de exención del impuesto de sociedades por intereses y cánones
aplicado entre 2011 y 2013 y de cinco resoluciones fiscales, al otorgar
"ventajas fiscales selectivas", indicó en un comunicado.
"Este trato fiscal preferente es ilegal en virtud de las
normas sobre ayudas estatales de la UE y Gibraltar debe ahora recuperar
los impuestos impagados", indicó la comisaria europea de Competencia,
Margrethe Vestager.
La comisaria danesa celebró al
mismo tiempo las "importantes medidas" emprendidas por Gibraltar para
eliminar las exenciones fiscales ilegales, racionalizar sus prácticas en
materia de resoluciones fiscales y reforzar las normas sobre precios de
transferencia, que a su juicio "deberían contribuir a garantizar que
estas cuestiones sigan siendo cosa del pasado".
La CE
investigaba desde octubre de 2013 -a instancias de una denuncia
española de junio de 2012- si los 165 acuerdos tributarios entre las
autoridades gibraltareñas y distintas empresas en 2011, 2012 y los ocho
primeros meses de 2013 incluían ayudas públicas ilegales a firmas que no
generan sus ingresos en el Peñón.
Según el régimen
fiscal territorial aplicable en Gibraltar, las empresas deben pagar el
impuesto de sociedades sobre los ingresos devengados o derivados de
Gibraltar.
Sin embargo, la investigación de la
Comisión puso de manifiesto que las sociedades beneficiarias de
intereses o cánones estaban exentas de imposición en Gibraltar sin que
hubiese una justificación válida para ello.
Esa
medida favoreció "significativamente" a un conjunto de empresas
pertenecientes a grupos multinacionales que se ocupan de determinadas
funciones, como la concesión de préstamos intragrupo o el derecho a
utilizar los derechos de propiedad intelectual.
En
consecuencia, la CE concluyó que la exención se había "concebido para
atraer a empresas multinacionales" a Gibraltar y que "efectivamente
reducía el impuesto de sociedades de un número limitado de empresas
pertenecientes a grupos multinacionales", lo cual "falseaba la
competencia en el mercado único de la UE".
Sobre las
165 resoluciones fiscales concedidas por Gibraltar, la Comisión concluyó
que cinco de ellas otorgadas a grandes empresas multinacionales en 2011
y 2012 constituían ayudas estatales ilegales.
Se
refieren al tratamiento fiscal del Peñón a determinados ingresos
generados por sociedades comanditarias holandesas, cuyos socios "eran
residentes a efectos fiscales en Gibraltar y deberían haber sido
gravados allí".
Esas resoluciones siguieron
aplicándose y eximiendo a los intereses y los cánones del impuesto
incluso después de que Gibraltar aprobase enmiendas legislativas para
incluir estos ingresos en el ámbito de la fiscalidad en 2013 y 2014, lo
que concedió a las empresas una ventaja "indebida y selectiva".
Por otra parte, la Comisión no determinó "ninguna ventaja selectiva en relación con las otras 160 resoluciones investigadas".
Bruselas celebró en cualquier caso que, durante su investigación,
Gibraltar modificó sus leyes para mejorar el procedimiento de las
resoluciones fiscales, reforzar las normas sobre precios de
transferencia, aumentar las obligaciones de los contribuyentes y mejorar
la transparencia de su sistema tributario.
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