BRUSELAS.- A partir del próximo 1 de enero los
países de la Unión Europea podrán gravar los beneficios desviados
artificialmente por las empresas de un país a otro para eludir
impuestos, con la entrada en vigor de una normativa para combatir la
ingeniería fiscal agresiva de las multinacionales.
Las reglas facilitarán a los estados miembros nuevas herramientas en ese
ámbito y, según el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre
Moscovici, serán un paso importante en la lucha contra la planificación
fiscal agresiva.
"Todavía no hemos ganado el combate pero las nuevas
normas marcan una etapa muy importante en nuestra lucha contra aquellos
que tratan de explotar las lagunas de los sistemas fiscales de nuestros
estados miembros para eludir miles de millones de euros de impuestos",
señaló el comisario en un comunicado.
La Directiva
contra la Evasión de Impuestos fija un conjunto de medidas que todos los
países de la UE deberán aplicar contra algunas de las prácticas de
planificación fiscal más agresivas.
En primer lugar,
establece una regla para disuadir a una empresa multinacional de derivar
los beneficios obtenidos por su matriz en un estado con alta fiscalidad
a las filiales en países que disfrutan de un régimen impositivo más
benévolo.
Para permitir a los Gobiernos gravar los
beneficios desviados artificialmente, la legislación incluye un
mecanismo que se activará cuando el tipo impositivo efectivo del país
donde se encuentra la filial sea menos de la mitad del correspondiente
al estado miembro afectado.
En segundo lugar, se aplicará la regla de limitación de intereses para disuadir a las empresas de crear una deuda artificial.
En la actualidad los pagos de intereses suelen ser deducibles, lo que
hace que algunas empresas estructuren sus préstamos de tal modo que la
deuda se concentra en las filiales situadas en países con la tributación
más alta, donde el pago de los intereses puede ser descontado de la
factura.
Con las nuevas normas se limitarán los intereses deducibles, sobre la base de un porcentaje fijo de los beneficios.
La normativa también incluye mecanismos para evitar que las empresas se
beneficien de las incongruencias entre las legislaciones nacionales, ya
que algunas compañías aprovechan las lagunas existentes para obtener
deducciones fiscales en distintos países o una deducción en un país por
un ingreso por el que no han pagado impuestos en otro.
Asimismo, la normativa prevé disposiciones contra la planificación
fiscal agresiva en general, que podrán aplicar las autoridades cuando
crean estar ante un caso de ingeniería fiscal artificial, pero no
pudieran encajar la práctica en ninguno de los casos anteriores.
Esta legislación se enmarca dentro de la iniciativa internacional
promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y el G20 sobre la Erosión de la Base de Imposición y la
Transferencia de Beneficios (BEPS, en inglés), que guía los esfuerzos
globales en la lucha contra la evasión fiscal.
En los
últimos años han entrado en vigor en la UE normas de transparencia para
que los países tengan información contra las empresas que no pagan su
parte correspondiente de impuestos.
La UE también
está trabajando para que sus socios internacionales apliquen reglas
contra la evasión fiscal y la Comisión Europea ha propuesto reformar el
impuesto de sociedades para revisar la tributación de las
multinacionales en los Veintiocho.
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