LISBOA.- Las
huelgas de los trabajadores portugueses, disparadas en la recta final
del año ante la situación "límite" que aseguran vivir, empiezan a acosar
al Gobierno del socialista António Costa, que no consigue calmar los
ánimos.
Solo
en las dos semanas que faltan para acabar el año se han registrado mas
de 40 avisos de huelga en once áreas de la administración pública y
otras tantas del sector privado, con la misma queja: se necesita
personal y aumentos salariales.
Bomberos,
funcionarios de prisiones, empleados de supermercado, profesores,
funcionarios de justicia y trabajadores ferroviarios afirman estar al
"límite" tras ocho años de crisis y austeridad, y lo demuestran
multiplicando los paros.
Hay
al menos una huelga a la semana en Portugal, donde entre todas las
protestas destaca la de los enfermeros, en huelga desde finales de
noviembre.
Más de 5.000 cirugías han sido canceladas desde entonces y la situación empieza a ser tachada de crítica en Lisboa.
El
problema ha agitado el debate político y el socialista António Costa,
que acaba de comenzar su último año de legislatura, se vio acorralado
esta semana en el pleno del Parlamento, el último del año.
"No
es aceptable", acabó por admitir ante la batería de preguntas de la
oposición conservadora, a la que aseguró que todas las intervenciones
pueden reprogramarse en el primer trimestre de 2019 si hay acuerdo con
los sindicatos, algo poco probable por el momento.
Los
enfermeros han sido los más activos durante todo 2018, con avisos de
huelgas que suman cinco meses, un tiempo que igualan los profesores,
seguidos de los funcionarios judiciales -que han sumado dos meses-,
según datos oficiales.
Todo
junto da como resultado una movilización "que no es normal", ha
admitido a la prensa João Torres, responsable de coordinar la acción
reivindicativa de la Confederación General de Trabajadores Portugueses
(CGTP), el mayor sindicato del país.
El
sindicalista recalcó "la intensidad y prolongamiento" de muchos de los
paros, como el protagonizado por los guardias de prisiones, que se
negaron a hacer horas extras prácticamente durante todo el año.
La
situación, no obstante, no fue de conocimiento público hasta la semana
pasada, cuando reclusos de un penal de Lisboa, hartos de ver canceladas
muchas visitas de familiares por la falta de personal durante los paros,
organizaron un motín que obligó a llamar a fuerzas policiales
especiales.
"Hay
una expectativa que no está siendo correspondida", dijo el
presidente de la patronal portuguesa, António Saraiva, quien achaca el
incremento del malestar social a la decepción de ver que la recuperación
económica no ha generado para los trabajadores las mejoras esperadas.
"Hay
algún descontento por la expectativa que el Gobierno creó en relación a
los datos económicos -que, de hecho, son favorables, porque hemos
tenido una coyuntura externa que lo permitió-, que se pensaba iban a dar
ganancias a algunas clases profesionales", sostuvo.
Saraiva
destacó además el hecho que Portugal afronte el próximo año tres
elecciones: europeas, regionales en el archipiélago de Madeira y
legislativas en octubre, para las cuales la izquierda radical "quiere
hacerse notar" promoviendo las movilizaciones.
"Estoy
preocupado, desde luego", zanjó el presidente de la patronal, quien
afirmó que se ha generado un "elevadísimo perjuicio" por estas
protestas.
El
Gobierno luso ha remarcado su respeto al derecho de huelga, una
posición que empiezan a afearle desde la oposición, que le acusa de
escudarse en esta postura para evitar negociar.
Pero
el Ejecutivo esgrime que acaba de aprobar, con apoyo de la izquierda
radical, unos Presupuestos para 2019 que incluyen un incremento del
salario mínimo hasta los 600 euros y una batería de medidas para otorgar
un alivio fiscal a las familias.
Son
propuestas que no han impedido que este último mes los trabajadores
vayan más a la huelga, de momento por separado. En sus tres años de
Gobierno, Costa no ha afrontado un paro general.
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