PARÍS/DUBLÍN.- Ecologistas en Francia e Irlanda están llevando a juicio a sus
gobiernos para obligarles a intensificar las acciones contra el cambio
climático, animados por una histórica decisión judicial de 2018 que
obliga a Países Bajos a reducir las emisiones más rápido para garantizar
la seguridad de la población.
En octubre, un tribunal holandés de apelaciones dijo que el Gobierno
“hizo muy poco para evitar los peligros del cambio climático y está
haciendo muy poco para ponerse al día”, ordenándole que garantice que
las emisiones que calientan el planeta estén al menos un 25 por ciento
por debajo de los niveles de 1990 para finales de 2020.
Tessa
Khan, abogada de la Fundación Urgenda, que presentó el caso holandés en
nombre de casi 900 ciudadanos, dijo que esta y otras acciones legales
climáticas en curso se basan en el principio de que los Estados deben
cumplir con sus obligaciones según las leyes de derechos humanos y el
Acuerdo de París de 2015 para combatir el cambio climático.
“Todos
estos casos se inspiran en la noción general de que nuestros gobiernos
tienen el deber de protegernos contra amenazas de esta escala a las que
han contribuido a sabiendas”, dijo Khan, que es codirectora de Climate
Litigation Network (Red de Litigios Climáticos).
En Francia, cuatro ONG, incluidas Greenpeace y Oxfam, dieron el pistoletazo de salida el 17 de diciembre.
Enviaron
una “solicitud preliminar de compensación” en una carta de 41 páginas
al primer ministro francés y a una docena de ministros del Gobierno,
denunciando al Estado por no haber tomado medidas concretas y efectivas
para combatir el cambio climático.
El Gobierno tiene dos meses
para responder, y si no da una respuesta satisfactoria, los grupos se
están preparando para presentar una acción legal ante el Tribunal
Administrativo de París en marzo.
Armelle Le Comte, responsable
de defensa del clima y energía para Oxfam en Francia, dijo que la oleada
de demandas por cuestiones climáticas en todo el mundo, desde Europa y
América del Norte hasta Pakistán y Colombia, se debe al creciente
carácter urgente de estas acciones a medida que se hacen más visibles
los impactos con los fenómenos climáticos extremos y la subida en el
nivel de los mares.
Los gobiernos, incluido el francés, han
hablado mucho sobre cómo abordar el cambio climático, pero no han hecho
lo suficiente en la práctica, señaló Le Comte.
“Por
eso, creo que no es sorprendente que más ciudadanos, organizaciones
benéficas y ONG (...) decidan que la acción legal quizás sea la
respuesta”, dijo.
Mientras tanto, las
ONG han tratado de aumentar la concienciación sobre el problema y sobre
la necesidad de tomar medidas más contundentes en Francia a través de un
video en YouTube con famosos como la actriz Juliette Binoche y el
guionista y director de cine Cyril Dion.
También lanzaron una
petición de firmas en internet por el llamado “Caso del Siglo”, que ha
logrado ya casi 2,1 millones de contribuciones en aproximadamente un
mes.
Le Comte dijo que el amplio apoyo público a las acciones jurídicas era importante para darle legitimidad a la campaña.
El
planteamiento tiene una especial relevancia en Francia, que se ha visto
sacudida en los últimos meses por las protestas de los “chalecos
amarillos”, que se manifestaron inicialmente en contra del aumento de
los impuestos a los combustibles pero que ampliaron después la
movilización a las desigualdades sociales y al coste de la vida.
El
presidente francés Emmanuel Macron lanzó un debate sobre política
nacional esta semana que incluye cómo lograr el cambio a una economía
que utilice más energía limpia.
Khan, de Urgenda, dijo que los
casos judiciales tenían como objetivo garantizar el cumplimiento de los
objetivos de emisiones, pero que no aspiraban a decir a los Estados cómo
hacerlo.
“Luego dependerá de los gobiernos y el público
asegurarse de que las políticas que se implementen sean aquellas que
aseguren una transición (energética) justa y... que los más pobres no
sean los que soportan la carga de esa transición”, dijo.
Le
Comte, de Oxfam, dijo que la campaña en los medios sociales “Caso del
siglo” estaba destinada a proporcionar más información, especialmente a
los jóvenes, sobre las medidas que podrían tomarse.
AUMENTAN LAS EMISIONES IRLANDESAS
En
Irlanda, los partidarios del litigio por el cambio climático, que se
abordará en el Tribunal Superior a partir del 22 de enero, están
organizando una manifestación de niños en Dublín el sábado para instar a
los líderes a que “2019 debe ser el año de las acciones ambiciosas por
el clima”.
Alrededor de 12.600 personas han respaldado a la
campaña “Climate Case Ireland” (“Caso Climático Irlanda”) con mensajes
de apoyo online. La portavoz Sadhbh O Neill dijo que estaba aumentando
la concienciación de que el país tiene una de las tasas de emisiones per
cápita más altas de la Unión Europea.
“Eso nos ayuda a
demostrarle al tribunal que estamos en pie, que no lo estamos haciendo
de manera interesada y que estamos tratando de representar a ciudadanos
preocupados”, dijo a la Fundación Thomson Reuters.
Friends of the
Irish Environment, una compañía creada por activistas en defensa del
medioambiente, argumentará en el proceso que la aprobación del Plan
Nacional de Mitigación en 2017 violaba la legislación nacional sobre la
acción climática, así como la constitución y las obligaciones de
derechos humanos.
También afirmarán que el plan no cumple con los pasos requeridos por el Acuerdo de París.
O
Neill destacó que las emisiones de Irlanda han aumentado desde 2014, a
medida que su economía se recuperaba de la crisis financiera de 2008 y
su industria láctea iba creciendo.
Un portavoz del Departamento
de Comunicaciones, Acción Climática y Medio Ambiente de Irlanda dijo por
correo electrónico que el Plan Nacional de Mitigación reconocía que se
requeriría una hoja de ruta detallada para descarbonizar la economía.
Según
este portavoz, ahora se está implementando, e incluye un plan de acción
sobre el clima en toda la Administración “destinado a hacer de Irlanda
un líder en la respuesta a las perturbaciones climáticas”.
El
veredicto en el caso irlandés se conocerá en varios meses, mientras que
el proceso legal francés podría durar de dos a tres años, dijo Le
Comte.
En Países Bajos, el tribunal de apelaciones tardó tres
años en emitir el fallo inicial, y el Gobierno dijo en noviembre que
solicitaría una revisión de la sentencia.
Khan dijo que una
ventaja clave a la hora de presentar medidas contra los Estados en los
tribunales es el escrutinio de las pruebas sobre el cambio climático que
hace la justicia.
“Simplemente por dejar constancia de los
hechos, supone en sí mismo es una herramienta de comunicación realmente
importante y ayuda a movilizar a la población en torno al cambio
climático”, dijo.
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