LUXEMBURGO/BRUSELAS.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha pedido
intensificar la lucha contra el fraude en el bloque comunitario y a
resolver las "deficiencias intrínsecas" que tiene el sistema de
investigación actual, con el que únicamente recupera aproximadamente el
15% de los fondos que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) recomienda recuperar tras sus investigaciones.
En un informe publicado este jueves, los auditores europeos señalan que
la protección de los intereses financieros de la UE "requiere medidas
integrales y sistemáticas", que pasan por "garantizar el liderazgo y
reconsiderar las funciones y las competencias" de la OLAF.
El Tribunal de Cuentas europeo ha detectado que la
Comisión Europea "no dispone de información completa y comparable" sobre
los niveles de fraude detectados en el gasto de la UE, así como que
"tampoco ha evaluado el fraude no detectado, ni ha realizado un análisis
detallado de las causas por las que los actores económicos se dedican a
actividades fraudulentas".
Además, el estudio
concluye que, con el enfoque actual según el cual una investigación
administrativa de la OLAF va seguida de una otra penal a nivel nacional,
"requiere mucho tiempo y reduce las posibilidades de enjuiciamiento".
Los informes de la OLAF, añaden, no aportan información suficiente para
iniciar el proceso de recuperación de fondos pagados indebidamente.
En concreto, el Tribunal de Cuentas afirma que una media de 17 casos al
año sobre los que la OLAF formuló recomendaciones dieron después lugar
al enjuiciamiento de los defraudadores. También aducen que sólo
aproximadamente el 15% del importe total recomendado por la OLAF fue
efectivamente recuperado.
El comisario de
Presupuesto, Günter Oettinger, ha remarcado que la Comisión Europea
tiene "tolerancia cero" con el fraude, al tiempo que ha apuntado que "no
hay nada realmente nuevo" en el informe del Tribunal de Cuentas, cuyas
áreas de mejora "han sido ya identificadas y abordadas".
El alemán ha recordado que 22 Estados miembros, entre
ellos España, formarán parte de la Fiscalía europea que comenzará su
actividad en 2020 y que la Comisión Europea ya propuso en 2013 reformar
las competencias de la OLAF para mejorar el seguimiento de sus
recomendaciones.
Los auditores, por su parte,
destacan en el documento que la creación de la Fiscalía europea es "un
avance positivo", pero advierten de que el reglamento "plantea varios
riesgos". Uno de ellos, señalan, está relacionado con el hecho de que la
detección y la investigación "dependerá en gran medida de las
autoridades nacionales".
Además, critican que no
incluye ningún mecanismo que permita a la Fiscalía europea instar a las
autoridades de los Estados miembros a que asignen recursos a la labor
proactiva necesaria para la investigación de fraude en el gasto de la
UE.
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