ATENAS.- El Parlamento griego ha ratificado este viernes por mayoría absoluta el denominado Acuerdo de Prespa firmado en junio del año pasado entre los Gobiernos de Grecia y Macedonia y ha cerrado así un litigio que ha durado más de un cuarto de siglo.
A pesar de la fuerte controversia que ha suscitado el acuerdo en el espectro político y de que el izquierdista Alexis Tsipras gobierna ahora en minoría, 153 diputados -dos más que la mayoría absoluta- han respaldado el cambio del nombre.
Tsipras hizo en su intervención una nueva defensa del acuerdo que, dijo, constituye el punto de partida de una nueva era de estabilidad y progreso en los Balcanes.
Acusó
a la oposición de no respaldar el Acuerdo de Prespa por intereses
partidistas y por no apoyar nada que venga del partido gubernamental
Syriza, y no tanto por estar en contra del compromiso en sí.
Lo que en el extranjero se bautizó inmediatamente después de su firma como un acuerdo “histórico”, en Grecia ha levantado muchas ampollas y ha desencadenado un terremoto político.
Además de costarle a Tsipras la ruptura de la coalición con su socio nacionalista, los Griegos Independientes, ha provocado la fractura del centro político, que hace tan solo un año había formado una alianza de partidos.
Bien sea por no querer apoyar un proyecto que lleva el sello de
Tsipras en un año electoral como este, o bien sea por sentimientos
nacionalistas, los conservadores, comunistas, socialdemócratas,
centristas y neonazis no han querido respaldar el acuerdo.
Mientras el
Parlamento estaba enzarzado en un ácido debate, en la calle miles de personas se volvían a concentrar este jueves para expresar su rechazo a lo que consideran una traición a Grecia.
Tras la manifestación del pasado domingo, que reunió a unas 60.000
personas, muchas menos de lo esperado por los organizadores, la misma
coordinadora nacionalista que organizó esa protesta, así como el partido
comunista, volvieron a convocar nuevas concentraciones en distintos
puntos de Atenas.
Muchos griegos (un 62 % según las últimas encuestas) son contrarios a que el país vecino pueda incluir en su nombre el calificativo de Macedonia,
que ven exclusivo de la región septentrional de Grecia, ni siquiera con
la precisión de “Norte” que tantas décadas ha costado negociar.
En los últimos meses Tsipras ha intentado convencerles de que el
nuevo término de Macedonia del Norte, que deberá ser usado
obligatoriamente en todo el mundo, supone una conquista para Grecia,
pues más que 130 países habían reconocido a la antigua república
yugoslava por su nombre constitucional, República de Macedonia.
Ahora todos estos países que hablaban simplemente
de Macedonia deberán usar el nuevo término con el complemento
geográfico, ha recalcado Tsipras.
Sin embargo, los argumentos no han calado ni entre la ciudadanía
nacionalista ni entre la mayor parte de la oposición, que considera que
haber aceptado que el gentilicio y el idioma sean el “macedonio”
constituye una cesión de soberanía nacional.
El texto del acuerdo matiza, sin embargo, que en el caso del
gentilicio, el término “macedonio” debe entenderse exclusivamente como
un concepto de ciudadanía y no de etnicidad.
Respecto al idioma precisa
que forma parte de la familia de las lenguas eslavas del sur, para no
dejar lugar a malinterpretaciones.
En Macedonia del Norte el acuerdo también se topó con una
fuerte resistencia, a pesar de que abre las puertas del país al ingreso
en la OTAN y a negociaciones de adhesión con la Unión Europea.
Muchos ciudadanos no aceptan abandonar lo que hasta ahora era el nombre
constitucional.
Por otro lado, el acuerdo entierra definitivamente el reconocimiento
de la minoría macedonia que todavía existe en Grecia (algo más de 5.000
personas), que todo Gobierno griego ha rechazado categóricamente
reconocer.
En la provincia griega de Macedonia vivía hasta el final de la guerra civil griega (1946-1949) una numerosa comunidad macedonia, sometida a su asimilación forzosa desde 1925.
Tras la derrota de los comunistas en la guerra, la mayor parte de
esta minoría se exilió en la Macedonia yugoslava, y el Gobierno griego
de Andreas Papandreu no permitió el regreso de decenas de miles de
personas porque habían adquirido la nacionalidad yugoslava.
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