La ola de protestas opositoras contra Maduro deja ya 35 muertos y 850 detenidos

CARACAS.- Al menos 35 personas han muerto y otras 850 han sido detenidas desde el pasado 23 de enero, cuando comenzó una nueva ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro para situar al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, según varias ONG.

Provea y el Observatorio del Conflicto han documentado 35 muertes en el marco de las marchas opositoras, así como “ocho ejecuciones en operativos después de las protestas”.

La mayoría de las víctimas mortales se han producido en Caracas (10) y Bolívar (8), seguidos de Portuguesa (4), Amazonas y Barinas (3 cada uno), Táchira y Monagas (2 cada uno) y Yaracuy, Mérida y Sucre (uno cada uno).

Por su parte, Foro Penal ha cifrado en 850 las personas detenidas desde el 21 de enero. “Hasta la fecha –28 de enero de 2019– hay 976 presos políticos y seguimos contando”, ha dicho Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, en una rueda de prensa ofrecida por las ONG.

Dos diputadas y una abogada miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos han denunciado la detención de más de 80 niños en las protestas y 60 de ellos están privados de libertad. “Hasta ahora contamos más de 80 -niños detenidos-, sin embargo (…) los defensores de derechos humanos estamos colapsados”, dijo en rueda de prensa la abogada Ana Leonor Acosta.

La jurista, que estaba acompañada de las diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solórzano, señaló que este “número cambia minuto a minuto” debido a la celebración de audiencias y las denuncias que reciben. Aproximadamente, el 10 % “ha sido liberados, mientras que otros tienen medidas cautelares”, apuntó.

Acosta aseguró también que ha recibido denuncias sobre la detención de niños con cáncer y con síndrome de down en el estado venezolano de Cojedes, ubicado en el centro del país y exigió la liberación de los menores, un llamado que también hizo Solórzano, quien señaló que tienen edades de entre 12 y 15 años. Según la legislación venezolana, un menor de 12 años no puede estar imputado, recordó la parlamentaria.

El director de Provea, Rafael Uzcátegui, ha subrayado la importancia de que las víctimas y sus familias denuncien los hechos. “Necesitamos sus denuncias para poder castigar a los violadores de Derechos Humanos”, ha señalado.

Según Uzcátegui, las autoridades venezolanas están presionando a las familias de los fallecidos para que omitan la participación de agentes del Estado en estos crímenes bajo amenaza de no entregar los cadáveres.

Las manifestaciones opositoras se reanudaron el pasado miércoles, después de las grandes oleadas de 2014 y 2017, para exigir la dimisión de Maduro y nuevas elecciones. En medio de las protestas antigubernamentales, Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela. Ya ha recabado el reconocimiento de Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región.