LONDRES.- Ni segundo referéndum ni extensión del artículo 50. El ‘plan B’ de
Theresa May para desatascar el acuerdo sobre el Brexit que ha rechazado
el Parlamento británico consiste en renegociar el asunto más polémico de
dicho acuerdo, la salvaguarda irlandesa algo que está por ver que
acepten los responsables comunitarios.
Se había avanzado incluso la
posibilidad de que May quisiera cerrar un acuerdo bilateral con Irlanda
-lo ha publicado ‘The Times’- pero por lo que ha dicho la primera
ministra este lunes en la Cámara de los Comunes, su plan pasa por hablar
tanto con el resto de los partidos, incluidos los unionistas irlandeses
del DUP, sus aliados, como con los socios europeos.
La salvaguarda irlandesa es la disposición por la que Reino Unido se
compromete a permanecer en la unión aduanera todo el tiempo necesario
hasta que Londres y Bruselas negocien una nueva relación comercial, con
el fin de evitar que se levante una nueva frontera entre Irlanda (que es
miembro de la UE) e Irlanda del Norte (territorio integrado en Reino
Unido), que pondría en peligro los acuerdos de paz de Viernes Santo de
1998.
“En las próximas semanas seguiré hablando con mis colegas para
considerar cómo podemos cumplir con nuestras obligaciones con la gente
de Irlanda del Norte y de Irlanda, de una forma que podamos obtener el
mayor apoyo posible en el Parlamento”, ha afirmado May.
May, a quien se le agotan las opciones ante la proximidad de la fecha
clave para cumplir el calendario del Brexit, el 29 de marzo, ha acudido
de nuevo al Parlamento para defender una alternativa que se deberá
someter a votación el próximo martes, 29 de enero.
Hace una semana,
sufrió una abultada derrota cuando el acuerdo que había firmado con la
UE fue rechazado por 432 votos en contra y 202 a favor, agudizando aun
más la ya denominada “crisis” del Brexit. Lo primero que ha hecho May
una semana después es rechazar la posibilidad de un segundo referéndum.
Su intención es respetar la votación del 23 de junio de 2016 porque
volver a llamar a las urnas, a su juicio, “dañaría la cohesión social”.
“Tengo miedo de que un segundo referéndum sentaría un difícil
precedente, que podría tener implicaciones significativas sobre cómo
manejamos los plebiscitos en este país”, ha argumentado en contra de esa
opción.
Además, la primera ministra ha rechazado la posibilidad de extender
el artículo 50 del Tratado de Lisboa, una alternativa a la que sí se
habían mostrado más proclives las autoridades comunitarias, y ha
reclamado a los diputados que rechazaron el pasado martes el acuerdo de
salida de la UE que clarifiquen qué alternativas proponen para
solucionar el escollo de la frontera irlandesa.
May, que mantiene un
pulso con el Parlamento por el control del proceso, se ha mostrado
dispuesta a que los diputados tengan más voz en torno a la futura
relación comercial entre Londres y Bruselas.
¿En qué podría consistir la renegociación con Bruselas? Es difícil
preverlo teniendo en cuenta lo enconado que está el debate y el grado de
penetración de muchas de las falsedades que se han manejado para
defender el Brexit. El DUP, un partido ultraconservador y socio de
coalición de May, ha llegado a admitir que no le importaría un Brexit
más blando, en el que todo el Reino Unido permaneciera dentro de la
unión aduanera, eliminando así el problema de la frontera entre Irlanda y
el Ulster.
Pero la propuesta cuenta con grandes detractores como el
ministro de Comercio, Liam Fox, que está abonado al mantra de la primera
ministra sobre los ventajosísimos acuerdos comerciales que podría
firmar el Reino Unido si estuviera fuera de la UE. Es lo que May repite
una y otra vez, así como la necesidad de “recuperar el control de
nuestro dinero, nuestras leyes y nuestras fronteras”.
Los planes de May serán puestos a prueba dentro de una semana, cuando
la Cámara de los Comunes debata y vote una moción presentada por el
Gobierno para recoger las propuestas de la primera ministra.
Será una
moción “neutra”, pero podrá ser enmendada por las diversas fuerzas
políticas, lo que abre la puerta a que los parlamentarios tomen cierto
control del “brexit” y modifiquen la hoja de ruta del Ejecutivo. Si May
decide volver a presentar el acuerdo de salida ante el Parlamento, esa
votación no se produciría al menos hasta febrero, según ha sugerido un
portavoz de Downing Street.
La diputada laborista Yvette Cooper ha avanzado que planea presentar
una cláusula a la moción que forzaría al Gobierno a solicitar una
extensión del plazo de salida de la UE si no ha logrado aprobar un
acuerdo a finales de febrero.
Otra posible enmienda, desarrollada por el
conservador Dominic Grieve, aspira a alterar el procedimiento
parlamentario habitual para facilitar que diputados ajenos al Gobierno
marquen la agenda de la cámara, lo que allanaría el camino para que se
votaran planes alternativos a los de May.
La opción de celebrar un
segundo referéndum podría también aparecer en una enmienda, si bien será
el presidente de los Comunes, John Bercow, quien decidirá qué cláusulas
se someten finalmente a votación.
May, por otra parte, ha anunciado durante su comprecencia que
eliminará la tasa de 65 libras (75 euros) para adultos y 32,50 libras
(37 euros) para menores de 16 años que actualmente tienen que abonar los
comunitarios cuando solicitan el “estatus de asentado” para quedarse en
el Reino Unido después del “brexit”.
Estas tarifas se anularán cuando
el proceso de solicitudes se aplique en firme a partir del 30 de marzo, a
fin de evitar que haya “impedimentos financieros” para los comunitarios
que deseen quedarse en territorio británico tras la salida del país de
la Unión Europea (UE), el 29 del mismo mes.
Según la primera ministra, el Gobierno “reembolsará” el dinero a
aquellas personas que soliciten el estatus de asentado en la fase
preliminar que ya se ha iniciado al entrar en vigor el sistema
informático que permite realizar los trámites.
Desde este lunes, los
comunitarios que viven en el Reino Unido pueden empezar a solicitar
mediante una aplicación móvil el estatus de asentado -si llevan cinco
años de residencia en este país-, o de preasentado, si aspiran a
completar ese periodo.
En estos momentos, realizar esta solicitud, que requiere escanear con
el teléfono un documento de identidad y una fotografía, cuesta 65
libras, como ya costaba también la “tarjeta de residencia”, el documento
precedente al concepto de “asentado”.
El coste de la solicitud había
sido criticado tanto por diputados como por el grupo “the3million”, que
representa los intereses de los ciudadanos de la UE frente al “brexit”.
Se calcula que actualmente hay unos 3,8 millones de ciudadanos de países
comunitarios en el Reino Unido, que tendrán la posibilidad de quedarse
aquí.
Aunque el país saldrá del bloque europeo el 29 de marzo, los
comunitarios tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para realizar
el trámite, ha indicado el ministerio del Interior. Quienes dispongan
de la anterior “tarjeta de residencia” deberán igualmente cambiarla por
el nuevo “estatus de asentado”, señaló el ministerio.
Estarán exentos
los ciudadanos irlandeses, que se benefician del Área común de viaje
establecida en 1923 entre la República de Irlanda y el Reino Unido.
Los no comunitarios que estén casados, en una unión civil o sean
pareja de un ciudadano de la UE tendrán también la obligación de pedir
el estatus de asentado, mientras que los comunitarios que estén casados
con un británico o británica deberán asimismo registrarse, si no están
nacionalizados.
Los viudos o viudas comunitarios de un nacional
británico deberán realizar igualmente este trámite.
No hay comentarios:
Publicar un comentario