PANAMÁ.- La ley que penaliza con cárcel de hasta 5 años al que
evada el pago de impuestos por 300.000 dólares o más al año busca ayudar
a Panamá a evitar un nuevo ingreso en la lista gris del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), que someterá al país una nueva
revisión en las próximas semanas.
La mayoría de
diputados presentes este martes en el pleno de la unicameral Asamblea
Nacional (AN), de 71 escaños, aprobó el proyecto de ley 591, presentado
hace un año por el Ministerio de Economía y Finanzas con la propuesta
inédita de elevar a delito penal la evasión, hasta ahora solo una falta
administrativa en Panamá.
Queda sólo que el presidente panameño, Juan Carlos
Varela, firme la ley para que entre en vigor, lo que se da por
descontado dado que el proyecto presentado por el Ejecutivo no sufrió
cambios durante el debate legislativo.
El Parlamento
evitó sistemáticamente la discusión de la propuesta legislativa, que
causó polémica en el país, con sectores legales y empresariales
denunciando que se trataba de una injerencia extranjera y de una norma
que restaría competitividad al sector de servicios financieros.
"La gravedad de que el Proyecto de Ley 591 no se apruebe radica en que
el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la
Lista Gris de Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el 2019", alertó a
finales de diciembre pasado el Ministerio de Economía y Finanzas.
Ya Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI, lo que
dificultó las actividades internacionales de los bancos y algunas
industrias, pero fue excluida en el 2016 tras cumplir con una serie de
recomendaciones del ese organismo.
"Económicamente no
podemos decir que esta ley va ayudar" al alza en la recaudación, se
trata "más de cumplir un compromiso que adquirió Panamá" con organismos
internacionales y el resultado una "presión del GAFI", dijo el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá
(UP-pública), Rolando Gordon.
Si esta ley no era
aprobada el país "iba a tener problemas. Se iban a ir muchas
corresponsalías (de bancos) como ocurrió del 2014 al 2016", cuando
Panamá fue incluida en la lista gris del GAFI y estalló el escándalo del
bufete Mossack Fonseca conocido como los papales de Panamá,
respectivamente, recordó el catedrático.
La ministra
de Economía y Finanzas, Eyda Varela, valoró la aprobación legislativa y
recordó que el objetivo de la ley era "adecuar" la legislación local a
los estándares internacionales.
"Tenemos la reunión
(con el GAFI) en febrero, en la que se presentan los avances" del país
en materia de transparencia fiscal y combate al blanqueo, afirmó la
ministra en la sede del Parlamento.
En un comunicado,
el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que en el 2012 Panamá
cumplía solo con 5 recomendaciones del GAFI, pero que ahora, tras una
serie de reformas "cumple con 34 de las 40 recomendaciones" del Grupo.
Enfatizó además que la norma "castiga al gran evasor y no tendrá
impacto en la mayoría de los contribuyentes panameños, pues solo 81
personas jurídicas entran en este rango de rentas gravables (...) igual o
superior a 1,25 millones de dólares al año".
"Esta
ley esta hecha fundamentalmente para la gente que rica que es la que se
ha dicho que es la que más evade, para las grandes empresas
trasnacionales y gente que quiera venir y guarda dinero. Ahora hay una
ley que permite que eso se investigue", dijo Gordon.
El Ministerio de Economía afirmó que con la ley "el Ministerio Público
tendrá la facultad legal de investigar el delito fiscal proveniente de
otros países (...) algo que el GAFI espera de todos los países que
observan sus normas".
Para el experto economista
Adolfo Quintero esta ley era innecesaria porque Panamá cuenta con una
serie normas y procedimientos para impedir la evasión fiscal en el marco
del esquema de renta territorial que rige en el país.
"El riesgo que implica esta ley que penaliza la evasión es que se use
como un arma para la persecución política. Eso sí puede pasar", aseveró
el experto.
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