BOGOTÁ.- Jamaica
y República Dominicana están considerando medidas extraordinarias para
obligar a Venezuela a renunciar a la propiedad de dos refinerías en el
Caribe obstaculizadas por sanciones de EE.UU.
Los
gobiernos de los países han estado negociando en vano la compra del 49
por ciento de la participación de PDVSA en refinerías cerca de Kingston y
Santo Domingo. Ahora, Jamaica está preparando un proyecto de ley que
forzaría una venta, mientras que los funcionarios dominicanos plantearon
la idea de declarar como una utilidad pública la planta de Refidomsa,
que produce 30.000 barriles diarios.
“Es
una cuestión de seguridad energética”, dijo Robert Nesta Morgan,
portavoz del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. “República
Dominicana está tomando medidas para recuperar su refinería. Otros
países están mirando a PDVSA”.
PDVSA,
o Petróleos de Venezuela SA, una vez fue un actor dominante de la
industria energética en Latinoamérica y el Caribe, y ahora ha perdido
influencia a medida que la producción se derrumba, que las deudas crecen
y que EE.UU. impone sanciones financieras a la compañía con el ánimo de
debilitar al gobierno.
Las
sanciones han dificultado los negocios de los operadores de las
refinerías de Jamaica y República Dominicana, a pesar de que PDVSA tiene
una participación minoritaria, dijeron los funcionarios.
PDVSA prefirió no hacer comentarios.
“Desde
hace más de un año, nuestros pagos internacionales por servicios
técnicos, capacitación de personal y compra de equipos han estado
sujetos a restricciones y bloqueo financiero por parte de compañías con
sede en EE.UU. y Europa”, dijo Refidomsa en una respuesta escrita a las
preguntas.
Comprar la participación de PDVSA “se ha convertido en una
situación crítica, una cuestión de vida o muerte económica para nuestro
país”.
Petrojam,
la empresa estatal jamaicana que dirige la refinería de Kingston,
“tiene que evitar muchos obstáculos debido al riesgo que conlleva hacer
negocios con PDVSA”, inclusive la contratación de abogados y la
obtención de garantías financieras, dijo Morgan.
Jamaica
tiene contemplado introducir “pronto” una ley que “nos permitiría tomar
el control”, dijo.
Morgan se negó a decir cuánto se ofreció o cuándo se
introduciría la ley.
Los
pasos que se dan para separar a PDVSA de sus refinerías en el Caribe se
producen a medida que los países de la región se alejan del gobierno
autoritario en Caracas.
Este mes, el Grupo de Lima -compuesto por 12
naciones latinoamericanas y Canadá- instó al presidente Nicolás Maduro a
entregar el poder a la Asamblea Nacional liderada por la oposición y
convocar nuevas elecciones. El segundo mandato de Maduro comenzó el 10
de enero, bajo un contexto de catástrofe económica para el país.
Durante
años, Jamaica y República Dominicana fueron de los mayores receptores
de envíos de crudo venezolano en virtud de un pacto energético regional
conocido como Petrocaribe, que ofrecía a los gobiernos plazos de
reembolso preferenciales. Estos envíos se detuvieron cuando la
producción de la nación colapsó.
La
refinería de Petrojam, con una capacidad de producción de 35.000
barriles diarios, necesita una actualización considerable, pero el
gobierno no puede decidir cómo proceder hasta que se resuelvan las dudas
sobre la propiedad de la refinería, dijo Morgan.
El
mes pasado, República Dominicana hizo una oferta formal por el 49 por
ciento de la participación de PDVSA en la refinería Haina, según
Refidomsa.
El gobierno dominicano considera que el asunto es urgente,
dijo la compañía, y está esperando que Venezuela designe a un
representante para la negociación de la venta.
En una entrevista con el periódico dominicano Listín Diario, el
presidente de Refidomsa, Félix Jiménez, dijo que el gobierno prefiere un
acuerdo amistoso con PDVSA, pero considerará buscar alternativas
legales para hacerse cargo de la refinería como un asunto de seguridad
nacional.
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