QUITO.- El
Frente de Defensa Amazónico (FDA) ha exigido este jueves al Gobierno de
Ecuador que se abstenga de limpiar los restos de un controvertido
vertido, para que sea la petrolera Chevron la que se haga responsable de
las afectaciones.
Representantes
del frente que representa a los afectados comparecieron ante los medios
en Quito para dejar claro que no se oponen a ninguna reparación de los
daños que achacan a Chevron, pero que estos "van mucho más allá" de la
última sentencia emitida por un tribunal de arbitraje el año pasado y
que eximía a la petrolera de responsabilidad.
El
ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció el martes
que Ecuador solicitó a la Justicia autorización para limpiar las zonas
del considerado mayor desastre ecológico en la Amazonía y que llevó al
contencioso con la petrolera Chevron, lo que provocó la indignación
entre los afectados.
"Es
un pedido del presidente (Lenín Moreno) que nosotros remediemos eso",
aseguró el ministro, quien aclaró que esa solicitud fue elevada hace
unas dos semanas por la empresa pública Petroamazonas.
Pérez
explicó que la Procuraduría General del Estado dio su consentimiento,
"porque todas las pruebas que se han tenido (para el litigio) ya han
sido ejecutadas" y avanzó que los trabajos de limpieza darán comienzo
este mismo año.
El
caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por
comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la
petrolera Texaco -hoy Chevron-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre
1964 y 1990.
Una
sentencia emitida en 2011 por una corte de Lago Agrio, en Ecuador,
cifraba en 9.500 millones de dólares la indemnización que debía entregar
la empresa a los afectados.
El
FDA subrayó que esa cantidad que debía pagar la multinacional como
indemnización era "irrisoria" en relación al daño ocasionado, cuya
remediación real bordearía los 100.000 millones.
Además
los afectados subrayaron que la sanción se centra en los daños
materiales sin tener en cuenta que la mayor afectación ha sido hacia los
pobladores.
"No
hay un pacto de Petroecuador ni compromiso para remediar nada que tenga
que ver con lo humano, que es la cuestión mas risible", resaltó por su
parte Hermen Chávez, representante del FDA.
Cuestionó
asimismo la medida anunciada por el Gobierno porque aseguró que no se
ha hecho ninguna consulta a los pueblos indígenas y que no "se ha
llegado a ningún acuerdo".
La
petrolera recurrió la sentencia de la justicia ecuatoriana y litigó
ante una corte arbitral internacional en La Haya, que falló en 2018 a
favor de Chevron al considerar que la sentencia de Lago Agrio arrastró
irregularidades como fraude, sobornos y corrupción.
De acuerdo al dictamen, el Gobierno ecuatoriano debía pagar a la petrolera una indemnización.
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