BOGOTÁ.- Estados Unidos impuso el lunes sanciones a cuatro gobernadores de
Venezuela, prometió otras más duras pronto, y pidió a una docena de
países congelar activos de la petrolera estatal PDVSA para redoblar la
presión sobre el presidente Nicolás Maduro luego de que impidió la
entrada de ayuda humanitaria.
Una caravana de camiones con alimentos y medicinas donadas por
Estados Unidos que partió desde Colombia fue bloqueada el sábado en
territorio venezolano por las fuerzas de seguridad y grupos armados
leales a Maduro, quien niega la existencia de una crisis humanitaria en
su país y acusa a Washington de liderar un golpe de Estado para
apoderarse de las riquezas petroleras.
Después de los incidentes
en las fronteras venezolanas con Brasil y Colombia, que dejaron cuatro
muertos y varios heridos, el Grupo de Lima se reunió el lunes en un
intento de incrementar el cerco financiero y diplomático sobre el
gobierno de Maduro.
En la reunión participó el líder opositor
venezolano Juan Guaidó, quien en enero se autoproclamó presidente
interino y recibió el reconocimiento de Washington y de decenas de
gobiernos de Latinoamérica y Europa. También asistió el vicepresidente
de Estados Unidos, Mike Pence.
“Hacemos un llamado a todas las
naciones del Grupo de Lima para que congelen de inmediato los activos de
PDVSA. En segundo lugar, transferir la propiedad de los activos
venezolanos en su país de los secuaces de Maduro al gobierno del
presidente Guaidó”, dijo Pence en el encuentro en Bogotá.
“Nicolás Maduro debe irse”, agregó.
Su
exhorto vino poco después de que el gobierno de Estados Unidos
estableció sanciones a cuatro gobernadores venezolanos por supuesta
corrupción y por impedir el ingreso de ayuda humanitaria.
En un
comunicado en Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreza dijo que
Caracas “denuncia ante el mundo que el Gobierno de Estados Unidos, junto
a un grupo de países subordinados, conduce una feroz campaña para
derrocar al Gobierno de Venezuela y al Presidente Constitucional Nicolás
Maduro”.
Agregó que Pence “como jefe declarado del grupo de
países cartelizados contra Venezuela, anunció la pretendida adopción de
nuevas medidas coercitivas unilaterales contra gobernadores electos del
país”.
Además “ha intentado girar órdenes para que otros países
se sumen al grosero método de robo que Washington ya ha puesto en
práctica contra los activos de la República, incluídas propiedades de
PDVSA”, agregó.
Pence también pidió a México, Uruguay y otros
países que reconozcan a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y
que sean restringidas las visas a funcionarios cercanos a Maduro. Y
prometió unos 56 millones de dólares adicionales de ayuda para lidiar
con la crisis en el país petrolero.
“La
presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por
parte de la región determinada, dispuesta a poner su fuerza para
recuperar valores fundamentales”, dijo el venezolano Guaidó, quien
pidió la ayuda y cooperación del grupo.
El lunes por la noche, la
cadena de televisión en español Univision dijo que un equipo de
noticias encabezado por su presentador Jorge Ramos fue detenido en el
palacio presidencial en Caracas mientras entrevistaba a Maduro, y poco
después el jefe de noticias de la cadena, Daniel Coronell, informó por
Twitter que fueron liberados.
“Jamás imaginé que iban a robar
nuestro trabajo, nuestros equipos. No quieren que el mundo sepa lo que
pasa cuando su líder es cuestionado”, dijo Ramos minutos después por
Univision.
“Estuvimos detenidos por más de dos horas, no sabía
dónde estaba mi equipo... y cuando te encierran en un cuarto... sí
estaba precupado”, agregó el periodista mexicano.
El canciller de
México, Marcelo Ebrard, escribió en Twitter que su gobierno había
manifestado a Venezuela su preocupación y protesta por el episodio.
El
Ministerio de Comunicación venezolano no respondió de inmediato una
solicitud de comentarios. Pero el titular de la cartera, Jorge
Rodríguez, aunque no se refirió directamente al episodio dijo por
Twitter que muchos periodistas pasaron por Miraflores e hicieron su
trabajo sin problemas y escribió: “No nos prestamos a shows baratos”.
Maduro
ha venido resistiendo la creciente presión para que abandone el poder
de parte de la comunidad internacional, que considera que su reelección
fue fruto de unos comicios que no respetaron mínimas condiciones
democráticas y no permitieron participar a los principales líderes
opositores.
Aunque en los últimos días decenas de soldados
venezolanos desertaron, el mandatario socialista aún cuenta con respaldo
de la cúpula militar y de las potencias aliadas Rusia y China.
Mientras
Venezuela vive una profunda crisis económica, escasez de productos
básicos y deterioro de servicios públicos que han forzado a millones a
emigrar, dos camiones con asistencia fueron incinerados el sábado cuando
intentaban pasar a Venezuela desde Colombia.
En la frontera con
Brasil los manifestantes chocaron con las fuerzas armadas venezolanas.
El lunes militares de los dos países negociaban para evitar que se
repitieran los enfrentamientos.
El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que todas las
opciones están abiertas para buscar el fin del gobierno de Maduro y el
regreso de la democracia.
Washington pidió al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas reunirse el martes para discutir la
situación en el país sudamericano, de acuerdo con diplomáticos.
“Es
el momento, hermanos, hermanas de toda la región, de actuar
determinadamente y seguir construyendo esas capacidades con todos los
escenarios internacionales posibles en respeto a la Constitución
venezolana, toda la fuerza para poder que cese esa situación dramática
en nuestro país”, dijo Guaidó.
Pero varias naciones latinoamericanas no respaldan las opciones militares o que implican el empleo de la fuerza.
“De
alguna manera se insinúa que estamos apoyando el uso de la fuerza.
Quiero decir con toda claridad que eso es falso, que simplemente eso no
ocurre”, dijo el vicecanciller de Perú, Hugo de Zela Martínez. “El Grupo
de Lima lo que ha venido apoyando desde que se creó es una solución
pacífica para Venezuela”.
El Grupo de Lima está integrado por
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. A la agrupación
se incorporó recientemente Venezuela luego que Guaidó fuera reconocido
como mandatario interino por varios países.
Estados
Unidos ya había impuesto sanciones económicas contra Venezuela y a
finales de enero anunció el bloqueo de activos a PDVSA, la principal
fuente de ingresos de la nación petrolera. Alemania anunció el lunes
apoyaba sanciones dirigidas contra Maduro y sus colaboradores.
“Lo
único que quieren son los recursos naturales”, dijo el lunes Diosdado
Cabello, el hombre más importante del gobierno después de Maduro, en un
acto transmitido en vivo por la televisión estatal.
“Maduro atacó
la ayuda humanitaria (...) ¿Y de dónde sacan eso? Es un plan planeado y
prepagado para que el mundo crea que estamos en una crisis”, sostuvo.
El
presidente de Colombia, Iván Duque, pidió que los activos venezolanos
en los países miembros del grupo sean puestos bajo control de la
Asamblea Nacional venezolana -dominada por la oposición- y de Guaidó
para que los administren.
“Tomemos acciones y decisiones
sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la
Asamblea Nacional y al presidente encargado”, afirmó el mandatario
anfitrión.
Al
cierre de la reunión del Grupo de Lima, el canciller colombiano, Carlos
Holmes Trujillo, dijo que había amenazas serias y creíbles contra la
vida de Guaidó y su familia por parte del gobierno de Maduro, que acusa
al líder opositor de encabezar un golpe de Estado con al apoyo de la
Casa Blanca.
“Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador
Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora,
contra sus familiares”, concluyó sin dar más detalles o mostrar pruebas
de las supuestas amenazas.
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