TÚNEZ.- El Gobierno tunecino no renovará la concesión de la
explotación salina que la compañía francesa COTUSAL, creada en 1949,
gestionaba desde época colonial, anunció el primer ministro, Yousef
Chahed.
En declaraciones difundidas hoy por la prensa local, el
jefe del Ejecutivo explicó que la decisión fue adoptada "en defensa de
los intereses nacionales".
"Todos aquellos contratos de
prolongación que no sean conformes a la ley también será revocados",
declaró Chahed en el marco de una conferencia nacional de la
Organización Tunecina en Defensa del Consumidor.
Este convenio
para la explotación del dominio público marítimo fue firmado por un
período de 50 años e incluye una cláusula por la que se renueva
automáticamente cada quince años y la rescisión del mismo no se hace con
un preaviso de diez años.
Según los medios tunecinos, el
Ejecutivo pone fin así a un litigio entre la compañía y el Estado
tunecino por el pago de los cánones, que no han sido modificados desde
el año de su firma y que están calculados sobre el valor del antiguo
franco francés por hectárea.
Un convenio que priva a las arcas
públicas de 500.000 dinares anuales, más de 140.000 euros, en ingresos
fiscales, según declaró el pasado mes de mayo el antiguo secretario de
Estado de Minas, Hachem Hmidi.
La Compañía General de Salinas en
Túnez (COTUSAL), fue creada en 1949, tras la fusión de cuatro empresas
francesas, y actualmente es una sociedad con capital mixto: 65 por
ciento extranjero y 35 por ciento tunecino.
Esta filial del grupo
galo Salins detentó el monopolio del sector hasta 1994, y a día de hoy
todavía se beneficia del 70 por ciento de la producción, que comparte
con otras seis compañías.
Gracias a sus tres explotaciones
salinas, en Susa, Sfax y Zarzis, produce al año, según cifras publicadas
por la empresa, un millón de toneladas de las cuales 750.000 toneladas
están destinadas a la exportación.
La Coalición Tunecina por la
Transparencia en la Energía y Minas (CTTEM), integrada por trece
asociaciones ecologistas, se felicitó por la decisión del gobierno que
calificó de "paso positivo" aunque "tardío".
"En un contrato
injusto que ha generado grandes pérdidas financieras al Estado durante
más de 70 años", subrayó en declaraciones a las agencia estatal TAP, y
reclamó la apertura de una investigación independiente para "identificar
a los responsables de este retraso".
Asimismo, propuso aumentar
el control de la explotación hasta el final de la licitación, prevista
en octubre de 2019, para asegurar "el respeto a sus compromisos
medioambientales y sociales".
Tras la llamada Revolución de los
Jazmines de 2011, que puso fin a los 23 años de poder de Zine El Abidine
Ben Ali, la nueva clase política y la sociedad civil tomó conciencia
del principio de soberanía sobre los recursos naturales y denunció su
monopolio por parte de compañías extranjeras.
En esta línea, el
artículo 13 de su reciente constitución de 2014 recoge que los "recursos
naturales son propiedad del pueblo tunecino" y que "los convenios
ratificados con respecto a los recursos deben ser sometidos a la
Asamblea para su aprobación".
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