MANAGUA.- La Asamblea Nacional de Nicaragua,
controlada por el oficialismo, aprobó este miércoles una polémica
reforma a la Ley de Concertación Tributaria con la que busca fondos para
enfrentar la estrepitosa caída de la economía a raíz de la crisis
sociopolítica que estalló en abril pasado.
Las
reformas fiscales, que son rechazadas por el empresariado, fueron
aprobadas con 69 votos a favor del gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), 15 en contra de los opositores Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) y Partido Conservador (PC), y la
abstención de 5 diputados de diferentes partidos.
Las reformas propuestas por el Gobierno del presidente
Daniel Ortega elevan el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo
al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y
ganancias.
El objetivo del Gobierno es recaudar 10.168
millones de córdobas (312 millones de dólares), el equivalente al 2,3 %
del producto interno bruto (PIB), en un intento por paliar la abrupta
caída de la economía, de un 4 % en el 2018 en comparación con el año
anterior, a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril
pasado.
Los diputados sandinistas argumentaron que
las reformas son la única manera de garantizar el gasto público en medio
de la crisis.
El PCL, que emitió un voto en contra
razonado, sostuvo que la medida tendrá un resultado negativo, ya que
impacta los productos de la canasta básica y "provocan un encarecimiento
de los costos de producción", lo que podría causar un daño peor a la
economía nicaragüense.
Las reformas fueron aprobadas
este miércoles, luego de tres aplazamientos de su discusión en el
Parlamento y en medio de la confusión creada por la liberación
desordenada de una parte de las personas presas por protestar contra
Ortega, y del inicio de las negociaciones entre el Gobierno y la
oposición para superar la crisis.
Las reformas fueron
precedidas por cambios en la seguridad social que entraron en vigor el
pasado 1 de febrero, que elevaron las cuotas de las patronales y los
empleados, la cantidad de semanas cotizadas para el retiro, y que bajan
el monto de las pensiones.
Esas reformas han sido
rechazadas por casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense, que
han advertido que no resuelven el problema de fondo, como es la crisis
sociopolítica.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha
dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a
561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y
denuncia un intento de golpe de Estado.
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