MADRID.- La esperanza en Venezuela encarnó en Juan Guaidó
. El joven ingeniero, de 35 años, que ha conseguido en menos de un
mes poner en apuros al Gobierno de Nicolás Maduro como nunca antes,
entre otras cosas, gracias al abrumador apoyo internacional. Con un discurso inclusivo y
alejado de la típica confrontación contra sus adversarios políticos, el
presidente interino ha logrado remover conciencias. Aunque un hueso
duro de roer han sido los uniformados castrenses que se
siguen dudando si desobedencen a Maduro y al titular de la Defensa,
Vladimir Padrino López o no. La entrada de la ayuda humanitaria en
Venezuela el próximo 23 de febrero pondrá a prueba el respaldo de la
Fuerza Armada al régimen de Caracas, recuerda hoy el diario Abc.
Guaidó,
insistente, ha puenteado a la familia militar con la creación de la Ley
de Amnistía a la que se pueden acoger los funcionarios civiles y
militares que colaboren en la restitución del orden constitucional en
Venezuela.
Tras las bambalinas, Estados Unidos seduce a los militares con sustanciosas ofertas. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, ofreció levantar las sanciones
contra los jefes militares que decidan unirse a Guaidó. «Escúchalo
bien, Bolton: ¡Leales siempre, traidores nunca!», reprochó Maduro en un
mítin.
El senador Marco Rubio también reiteró la
propuesta y confirmó que si alguno de los seis líderes militares
principales desertaba (se refería a Vladimir Padrino, Remigio Ceballos,
Jesús Suárez Chourio, Giuseppe Alessandrello, Edgar Cruz y Antonio
Benavidez, quienes a su juicio tienen la democracia del país en sus
manos), EE.UU. garantizará su inmunidad.
Los rumores de conspiración dentro de la Fuerza Armada
van y vienen. Sin embargo, Nicolás Maduro ha tratado de reforzar
su relación con el cuerpo a punta de privilegios económicos y poder.
Los
militares en Venezuela controlan las principales fuentes económicas
del país: el petróleo, la minería y la energía, además de los puertos,
el transporte, las telecomunicaciones y las empresas de distribución de
alimentos, dicho control hizo proliferar la corrupción de los altos
oficiales venezolanos.
El
Alto Mando Militar –creado a semejanza del cubano– lo conforman nueve
personas, incluyendo al presidente que ostenta el cargo de Comandante en
Jefe. El mayor general Vladimir Padrino es el oficial
con mayor rango dentro de la FANB y lleva la cartera de Defensa, que le
concede poderes cuasi absolutos.
En tercer nivel, está el almirante en
jefe, Remigio Ceballos, comandante del Centro
Estratégico Operacional (Ceofanb), donde opera el servicio de
inteligencia cubano quien investiga y castiga a todo aquel que haya
expresado su descontento.
Seguidamente, El Jefe de Estado Mayor, José Ornella,
el principal asesor militar del presidente, y los cinco comandantes de
los diferentes componentes la armada, la aviación, el ejército, la
Guardia Nacional y la milicia.
Al menos 180 funcionarios de los distintos componentes están tras las rejas.
Las ONGs Human Right Watch y el Foro Penal han documentado casi tres
docenas de casos de torturas en respuesta del Gobierno a sospechosos de
intentonas golpistas.
El aparato represivo del régimen –controlado por
el G2 cubano– hasta el año pasado recaía en el Sebin, pero las
desavenencias terminaron con el relevo de Gustavo Gonlález López por el
general Cristopher Figuera.
Ahora, los tratos crueles tienen lugar en el sótano de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en manos de Iván Hernández Dala.
El viernes pasado, el Tesoro de EE.UU. sancionó con la congelación de fondos
a Figuera, Hernández Dala y otros cargos cruciales para la
supervivencia del régimen como Hildemaro Rodríguez (Sebin), Manuel
Quevedo (ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa) y Rafael Bastardo
(director de las Fuerzas de Acciones Especiales).
La mayoría de estos militares que ejercen puestos de poder están acusados en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad,
bien sea por reprimir las protestas desde el año 2014, por matar sin
escrúpulos en operaciones represivas en zonas populares o por torturar
física y mentalmente a sus detenidos.
Estas acusaciones, más los
beneficios económicos que perciben de Maduro, hace muy difícil que
apoyen a Guaidó, quien no les puede garantizar amnistía, como dice la
Constitución chavista de 1999.
No hay comentarios:
Publicar un comentario