lunes, 4 de febrero de 2019

En Puerto Rico, la corte aprueba un acuerdo de reestructuración de deuda

NUEVA YORK.- Puerto Rico obtuvo la aprobación de la corte para su plan de reestructurar más de 17.000 millones de dólares en bonos de impuestos a las ventas, lo que representa un paso importante en el esfuerzo de la isla por reducir sus deudas masivas.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Laura Taylor Swain aprobó la reestructuración y un acuerdo para dividir los ingresos por el impuesto a las ventas entre los tenedores de bonos y el gobierno central, lo cual ayudará a determinar cuánto de los ingresos estará disponible para otros acreedores importantes.
La reestructuración de los bonos de impuesto a las ventas, conocidos como Cofinas, sería la más grande que haya completado Puerto Rico, con lo que el país queda más cerca del final de la quiebra que comenzó en mayo de 2017 y libre para buscar un acuerdo similar con los propietarios de obligaciones generales. Los Cofinas y la deuda de obligación general constituyen aproximadamente la mitad de los 74.000 millones que la isla debe a los inversionistas.
La aprobación de la división de ingresos se produjo a pesar de los argumentos de los opositores que atacaron los términos del plan de reducción de deuda durante las audiencias judiciales, afirmando que era demasiado generoso con los tenedores de bonos o que no les daba suficiente. 
Miembros del público que no eran acreedores en el caso se quejaron de que no se estaba reservando suficiente dinero para los servicios gubernamentales.
Los términos del canje de deuda de Cofinas provocaron un repunte en el precio de los valores el año pasado, ya que permitirá a los inversionistas recuperar mucho más de lo que esperaban después del huracán que devastó el territorio en 2017.
Los tenedores de Cofinas sénior recibirán 93 centavos por dólar, mientras que los inversionistas de bajo riesgo recibirán 56 centavos, según cifras de Puerto Rico.
La finalización del acuerdo liberaría al tribunal para analizar una solicitud de la junta de supervisión federal de la isla de invalidar más de 6.000 millones en bonos de obligación general vendidos desde 2012. 
Esa medida podría prolongar la quiebra y alterar las negociaciones si los acreedores deciden impugnar la solicitud de la junta para declarar los bonos nulos y sin efecto.

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