MANAGUA.- Un paquete de reformas a la
seguridad social, que incluyen un aumento en al cuota obrero-patronal,
entró en vigor este viernes en Nicaragua, en medio de la peor crisis del
país en las últimas tres décadas y del rechazo de sectores
empresariales que alertaron de efectos "negativos" de esas medidas.
Las reformas al "Reglamento General de la Ley de Seguridad Social"
fueron anunciadas el pasado lunes por el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS), que las puso en vigor hoy pese al rechazo de
diversos sectores, incluidos economistas e inversionistas.
A partir de ahora la cuota de las empresas y de los empleados se eleva en 3,5 y 0,75 puntos porcentuales, respectivamente.
De esta manera, las empresas con más de 50 trabajadores pasarán de
pagar un 19 por ciento de las cotizaciones a un 22,5 por ciento, y los
empleados, del 6,25 por ciento al 7 por ciento. Las que tengan hasta 50
plazas pagarán 21,5 por ciento.
Asimismo se reducen
hasta un 30 por ciento los montos de las nuevas pensiones, que además se
entregarán sin mantenimiento de valor por el deslizamiento del córdoba,
moneda nacional, respecto al dólar, que hasta ahora se ajustaba en un 5
por ciento anual.
Adicionalmente el INSS eliminó el
salario máximo cotizable, que hasta ahora es de 96.841 córdobas (2.984
dólares al cambio oficial de hoy), y todos los asalariados deberán
cotizar en base de su sueldo real.
La Asociación de
Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) ha afirmado que dichas reformas,
junto con los cambios que estudia el Parlamento a la Ley de Concertación
Tributaria, "tendrán un efecto negativo en la economía" de Nicaragua.
La reforma fiscal ha sido propuesta por el Gobierno para aumentar la
recaudación dada la caída de la economía a raíz de la crisis, que
comenzó en abril pasado precisamente por unos cambios a la seguridad
social que luego fueron anulados en un intento fallido por contener el
descontento popular.
La Cámara de Industrias de
Nicaragua (Cadin) advirtió que el precio del 70 por ciento de los
productos de la canasta básica podría dispararse hasta un 50 por ciento
como producto de las reformas.
Las principales
patronales, aglutinadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada
(Cosep) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), también
han rechazado las reformas, por considerar que no ofrecen una solución
al problema de fondo que es la crisis sociopolítica, de la que señalan
al presidente Daniel Ortega como principal responsable.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril,
de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que
el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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