MANAGUA.- El Comité Pro Libertad de Presas y
Presos Políticos de Nicaragua exigió este domingo la liberación
inmediata de los manifestantes convictos y otras garantías de ley, para
dar su apoyo a un diálogo entre el Gobierno y el sector privado, que
buscaría resolver la crisis, iniciada por protestas contra el presidente
Daniel Ortega.
El Comité exigió, "como punto de
partida", la liberación "inmediata de todos los presos políticos sin
condición alguna, bajo las garantías imprescindibles de respeto a sus
libertades de movilización".
Asimismo demandó, en su calidad de "víctimas primarias de
la brutal represión del régimen Ortega Murillo, seamos interlocutoras
directas de las decisiones concernientes a la verdad, justicia penal,
reparación integral y garantías de no repetición".
El
Comité reclamó "garantías reales del cese de los secuestros, acoso y
persecución al pueblo que hace uso de su legítimo derecho a la
organización y protesta pacífica", así como "el desarme y disolución de
los grupos parapoliciales", y el "retorno seguro de los exiliados
políticos".
Al igual que la Articulación de Movimiento
Sociales, el Comité señaló la necesidad del retorno de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y el Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua (Mesini).
Finalmente, requirió el restablecimiento de las libertades "de prensa, movilización y organización".
El
Gobierno de Nicaragua y la Arquidiócesis de Managua anunciaron anoche
que se han reanudado los contactos con el sector privado para resolver
la crisis local.
Reportes periodísticos locales
informaron que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
(Cosep), José Adán Aguerri, confirmó las pláticas.
El
pasado viernes el Gobierno nicaragüense y la Organización de Estados
Americanos (OEA) anunciaron el inicio de conversaciones bilaterales
sobre la situación de Nicaragua.
Un diálogo nacional
entre diversos sectores de la sociedad nicaragüense y el Gobierno, con
la mediación del episcopado, ya había sido abandonado por Ortega en
julio pasado.
La crisis sociopolítica que Nicaragua
vive ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos
de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio,
desde abril, según organismos humanitarios.
Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La
Acnudh y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de "más de 300
muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros
abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega,
quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta
responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados
sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes
antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de
Estado fallido".
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