MADRID.- El Ministerio de Hacienda español publicará
esta semana el dato de déficit público de 2018, que previsiblemente
bajará del 3 % del PIB y permitirá salir, tras una década, del férreo
control de Bruselas asociado al procedimiento de déficit excesivo (PDE).
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado que el
déficit cerrará 2018 por debajo del 2,7 % del PIB, aunque probablemente
estará por encima del objetivo oficial (2,2 %), un desvío que el
Gobierno justifica en que las previsiones remitidas por el Ejecutivo
anterior a Bruselas no eran realistas.
El paso del brazo correctivo al brazo preventivo,
asociado al umbral del 3 % del PIB, no será automático tras conocerse el
viernes 29 de marzo el dato de déficit, sino que necesita del visto
bueno de las autoridades europeas, que se conocerá en junio.
El fin del PDE implicará salir del "incómodo" seguimiento específico
que actualmente Bruselas realiza de las cuentas españolas y que puede
derivar en medidas de ajuste e incluso sanciones, según explica el
director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond
Torres.
Sería además un paso bien recibido en los
mercados, según Torres, que apunta que podría influir en la mejora de la
calificación crediticia del país, que a su vez repercutiría en una
mejora de la prima de riesgo y de los costes de financiación.
El director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de
Valencia Joaquin Maudos coincide en que la potencial salida del PDE es
"una buena noticia", aunque considera "altamente preocupante" que España
tenga el déficit más alto de la Unión Europea y que la mayor parte de
este sea estructural.
España pasó directamente de
registrar superávit en 2007 (2,2 % del PIB) a entrar en el procedimiento
de déficit excesivo en 2008 al cerrar con un déficit del 3,99 % del
PIB, una cifra que se disparó hasta el 11,06 % del PIB al año siguiente.
Desde entonces el déficit se ha corregido lentamente: 9,33 % del PIB en
2010; 9,44 % del PIB en 2011; 6,84 % del PIB en 2012; 6,33 % del PIB en
2013; 5,77 % del PIB en 2014; 5,06 % del PIB en 2015; 4,29 % del PIB en
2016 y 3,03 % del PIB en 2017.
La potencial salida
del brazo correctivo no significa el fin definitivo del control de
Bruselas, que ahora se centrará en una revisión más suave a modo
preventivo, es decir, para que el déficit público no vuelva a
descontrolarse por encima de lo que marca el pacto de estabilidad y
crecimiento.
En concreto, Bruselas vigilará la
corrección del déficit estructural, la evolución del gasto público
conforme a la regla de gasto europea -que mide de manera más general que
la actualmente vigente en España- y la reducción de la deuda pública,
con el objetivo de reconducirla por debajo del 60 % del PIB.
Torres admite que "siempre" existe la posibilidad de volver al PDE,
aunque asegura que "no será fácil" porque implicaría no solo que España
incumpliera los umbrales de déficit y deuda sino que además la Comisión
Europea percibiera que no se hace nada para corregirlo.
En cambio, Maudos advierte del riesgo de volver a aumentar el déficit
en un entorno de menor crecimiento económico con la puesta en marcha de
medidas "electoralistas" y en el que, en su opinión, no se han realizado
la reformas estructurales necesarias.
"Desgraciadamente se han desaprovechando los años recientes de
crecimiento para hacer un mayor ajuste en la reducción del déficit, lo
que implica un menor margen de maniobra de la política fiscal ante un
futuro de ralentización del crecimiento económico", lamenta.
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