CARACAS/QUITO.- El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció este jueves la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó,
reconocido por más de medio centenar de naciones como presidente
encargado del país, para el ejercicio de cargos públicos durante 15
años, una mediad que el líder opositor ya ha rechazado.
Guaidó tildó de "farsa" la inhabilitación y
dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor. "No existe un
contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el
único que puede designar un contralor", señaló al recordar que
Amoroso,fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente
y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello.
Amoroso señal en una comparecencia transmitida por el canal estatal VTV que se "presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.
El contralor venezolano dijo que Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 310 millones de bolívares (94.096,79 dólares a la tasa de cambio oficial) sin aclarar cómo pudo costear estos gastos.
Muchos de estos viajes, indicó Amoroso, se realizaron usando "aeronaves privadas".
Según Amoroso, Guaidó ha permanecido fuera de Venezuela 248 días desde que ganó un escaño como diputado.
El contralor no precisó desde qué fecha comienza a correr la inhabilitación, dijo que Guaidó será además multado por un monto que no especificó.
La contraloría venezolana estimó en 200 millones de bolívares (60.707,60) los gastos de Guaidó por su permanencia en "hoteles de lujo" fuera del país.
El funcionario aseveró que estos gastos "no se corresponden" con los puede permitirse un diputado venezolano y agregó que se solicitará a los hoteles en los que se hospedó Guaidó dentro del país para aclarar cómo pagó el opositor su estadía.
La Fiscalía venezolana ya abrió dos investigaciones contra Guaidó, un joven legislador del partido Voluntad Popular (VP) -del opositor preso Leopoldo López- que ascendió el 5 de enero pasado a la jefatura del Parlamento venezolano.
Una de estas investigaciones está relacionada con su proclamación como presidente encargado, y la otra con su presunta implicación en el primer apagón masivo que sufrió Venezuela el pasado día 7.
Venezuela atraviesa una nueva fase de tensión política desde enero pasado, cuando el gobernante Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que apoyan más de 50 países.
Condena del Grupo de Contacto
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, que encabeza la Unión Europea (UE), condenó la sanción que inhabilita políticamente al opositor Juan Guaidó, pero insistió en que la crisis en ese país debe ser resuelta de manera pacífica por los mismos venezolanos.
Reunidos en Quito, los representantes de esta iniciativa apenas consiguieron consensuar su llamado a elecciones libres en Venezuela "tan pronto como sea posible", pero sin avanzar en planes concretos para atender la grave crisis generada por la escasez y la hiperinflación en el país latinoamericano.
El Grupo de Contacto Internacional (GCI) emitió, sin embargo, una "condena" a la decisión del contralor general de Venezuela de inhabilitar a Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años.
Este tipo de decisiones "menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela", señaló la agrupación en una declaración que fue leída en inglés y español al cierre de la reunión en Quito.
La Contraloría venezolana está dirigida por el oficialista Elvis Amoroso. Ese órgano, que vigila a las instituciones públicas, sancionó este jueves a Guaidó, con el argumento de que el jefe parlamentario no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero, con fondos supuestamente provenientes del exterior.
El líder opositor, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, no reconoció la sanción, alegando que Amoroso fue designado por la chavista Asamblea Constituyente, que él considera ilegítima.
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, expresó a la prensa que la "decisión política [de la Contraloría venezolana] es otra demostración de la urgencia de la restauración de la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho en el país".
Mogherini consideró también que las acciones de la Contraloría tienen "como objetivo socavar la búsqueda de un resultado democrático y pacífico" en Venezuela.
El encuentro en Quito se celebró también en medio de tensiones por la reciente llegada a Venezuela de dos aviones de Rusia con personal y equipos militares, y con la crisis social en un nivel máximo a causa de un nuevo gran apagón en ese país.
Rusia acusa a Washington de intentar organizar un golpe de Estado en Venezuela, en tanto que la administración de Donald Trump ha expresado que "todas las opciones están sobre la mesa" para presionar por la salida del mandatario Nicolás Maduro.
EL GCI indicó en su declaración que "la crisis múltiple que afecta a Venezuela solo puede tener una solución política, pacífica, democrática y entre venezolanos, excluyendo el uso de la fuerza", a través de elecciones presidenciales "libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible".
El documento de la agrupación fue suscrito por Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Bolivia, que asistió a la cita y es aliada de Venezuela, no consta entre las naciones que apoyaron la resolución.
La agrupación, que volverá a reunirse a principios de mayo en Costa Rica, hizo también un llamado a la "inmediata e incondicional liberación" de "presos políticos".
Desde el Palacio de Najas, sede de la cancillería ecuatoriana en Quito, el GCI encomendó a sus grupos sobre asistencia humanitaria y elecciones continuar con sus gestiones, sin fijar una fecha para obtener resultados.
En la primera cita de la agrupación realizada en febrero en Montevideo, el GCI había establecido un plazo de 90 días para promover comicios presidenciales como una salida pacífica a la crisis política en Venezuela.
La agrupación se ofreció para acompañar en un futuro proceso electoral en el país sudamericano.
De acuerdo con un informe interno de la ONU obtenido el jueves por la AFP, casi un cuarto de la población necesita ayuda humanitaria urgente.
El GCI expresó su preocupación por el "rápido deterioro" de las condiciones de vida de los venezolanos y se comprometió a movilizar asistencia humanitaria al país.
En la cita de Quito participó el canciller chileno, Roberto Ampuero, quien acudió al encuentro para ser un "puente" entre el Grupo de Lima, que su país integra junto a otros países regionales, y el GCI.
El canciller ecuatoriano, José Valencia, celebró la participación de su par chileno y manifestó que "una de las fortalezas del Grupo Internacional de Contacto es esa apertura para llegar, para alcanzar, para tomar en cuenta a todos los actores dentro y fuera de Venezuela".
El miércoles, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó contactos con México y Noruega para analizar el futuro de Maduro, cada vez más asediado por la comunidad internacional.
Noruega y México se han ofrecido a negociar el fin de la crisis venezolana.
Amoroso señal en una comparecencia transmitida por el canal estatal VTV que se "presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.
El contralor venezolano dijo que Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 310 millones de bolívares (94.096,79 dólares a la tasa de cambio oficial) sin aclarar cómo pudo costear estos gastos.
Muchos de estos viajes, indicó Amoroso, se realizaron usando "aeronaves privadas".
Según Amoroso, Guaidó ha permanecido fuera de Venezuela 248 días desde que ganó un escaño como diputado.
El contralor no precisó desde qué fecha comienza a correr la inhabilitación, dijo que Guaidó será además multado por un monto que no especificó.
La contraloría venezolana estimó en 200 millones de bolívares (60.707,60) los gastos de Guaidó por su permanencia en "hoteles de lujo" fuera del país.
El funcionario aseveró que estos gastos "no se corresponden" con los puede permitirse un diputado venezolano y agregó que se solicitará a los hoteles en los que se hospedó Guaidó dentro del país para aclarar cómo pagó el opositor su estadía.
La Fiscalía venezolana ya abrió dos investigaciones contra Guaidó, un joven legislador del partido Voluntad Popular (VP) -del opositor preso Leopoldo López- que ascendió el 5 de enero pasado a la jefatura del Parlamento venezolano.
Una de estas investigaciones está relacionada con su proclamación como presidente encargado, y la otra con su presunta implicación en el primer apagón masivo que sufrió Venezuela el pasado día 7.
Venezuela atraviesa una nueva fase de tensión política desde enero pasado, cuando el gobernante Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que apoyan más de 50 países.
Condena del Grupo de Contacto
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, que encabeza la Unión Europea (UE), condenó la sanción que inhabilita políticamente al opositor Juan Guaidó, pero insistió en que la crisis en ese país debe ser resuelta de manera pacífica por los mismos venezolanos.
Reunidos en Quito, los representantes de esta iniciativa apenas consiguieron consensuar su llamado a elecciones libres en Venezuela "tan pronto como sea posible", pero sin avanzar en planes concretos para atender la grave crisis generada por la escasez y la hiperinflación en el país latinoamericano.
El Grupo de Contacto Internacional (GCI) emitió, sin embargo, una "condena" a la decisión del contralor general de Venezuela de inhabilitar a Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años.
Este tipo de decisiones "menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela", señaló la agrupación en una declaración que fue leída en inglés y español al cierre de la reunión en Quito.
La Contraloría venezolana está dirigida por el oficialista Elvis Amoroso. Ese órgano, que vigila a las instituciones públicas, sancionó este jueves a Guaidó, con el argumento de que el jefe parlamentario no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero, con fondos supuestamente provenientes del exterior.
El líder opositor, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, no reconoció la sanción, alegando que Amoroso fue designado por la chavista Asamblea Constituyente, que él considera ilegítima.
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, expresó a la prensa que la "decisión política [de la Contraloría venezolana] es otra demostración de la urgencia de la restauración de la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho en el país".
Mogherini consideró también que las acciones de la Contraloría tienen "como objetivo socavar la búsqueda de un resultado democrático y pacífico" en Venezuela.
El encuentro en Quito se celebró también en medio de tensiones por la reciente llegada a Venezuela de dos aviones de Rusia con personal y equipos militares, y con la crisis social en un nivel máximo a causa de un nuevo gran apagón en ese país.
Rusia acusa a Washington de intentar organizar un golpe de Estado en Venezuela, en tanto que la administración de Donald Trump ha expresado que "todas las opciones están sobre la mesa" para presionar por la salida del mandatario Nicolás Maduro.
EL GCI indicó en su declaración que "la crisis múltiple que afecta a Venezuela solo puede tener una solución política, pacífica, democrática y entre venezolanos, excluyendo el uso de la fuerza", a través de elecciones presidenciales "libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible".
El documento de la agrupación fue suscrito por Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Ecuador, Costa Rica y Uruguay. Bolivia, que asistió a la cita y es aliada de Venezuela, no consta entre las naciones que apoyaron la resolución.
La agrupación, que volverá a reunirse a principios de mayo en Costa Rica, hizo también un llamado a la "inmediata e incondicional liberación" de "presos políticos".
Desde el Palacio de Najas, sede de la cancillería ecuatoriana en Quito, el GCI encomendó a sus grupos sobre asistencia humanitaria y elecciones continuar con sus gestiones, sin fijar una fecha para obtener resultados.
En la primera cita de la agrupación realizada en febrero en Montevideo, el GCI había establecido un plazo de 90 días para promover comicios presidenciales como una salida pacífica a la crisis política en Venezuela.
La agrupación se ofreció para acompañar en un futuro proceso electoral en el país sudamericano.
De acuerdo con un informe interno de la ONU obtenido el jueves por la AFP, casi un cuarto de la población necesita ayuda humanitaria urgente.
El GCI expresó su preocupación por el "rápido deterioro" de las condiciones de vida de los venezolanos y se comprometió a movilizar asistencia humanitaria al país.
En la cita de Quito participó el canciller chileno, Roberto Ampuero, quien acudió al encuentro para ser un "puente" entre el Grupo de Lima, que su país integra junto a otros países regionales, y el GCI.
El canciller ecuatoriano, José Valencia, celebró la participación de su par chileno y manifestó que "una de las fortalezas del Grupo Internacional de Contacto es esa apertura para llegar, para alcanzar, para tomar en cuenta a todos los actores dentro y fuera de Venezuela".
El miércoles, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó contactos con México y Noruega para analizar el futuro de Maduro, cada vez más asediado por la comunidad internacional.
Noruega y México se han ofrecido a negociar el fin de la crisis venezolana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario