NUEVA YORK.- Apostar
por el resultado de un juicio puede proporcionar grandes ganancias y no
depende de las fluctuaciones de los mercados, así que en Wall Street se
multiplican las compañías de inversión cuya misión es financiar
acciones judiciales.
La
idea consiste en pagar los gastos jurídicos de un demandante o un
acusado, solamente en asuntos comerciales, a cambio de un porcentaje de
las indemnizaciones cobradas en caso de victoria o de acuerdo amistoso.
Esa práctica se popularizó en Australia hace dos décadas, pero llegó recientemente a Estados Unidos.
Los
pequeños ahorradores pueden apostar por las acciones del peso pesado
del sector, Burford Capital, cuya capitalización es de 4.000 millones de
libras esterlinas (5.316 millones de dólares) en la Bolsa de Londres, o
las de IMF Bentham, en la Bolsa de Sídney.
Pero
cada vez más grandes inversores como los fondos de cobertura y los
fondos de pensiones están dispuestos a confiar su dinero a compañías
encargadas de seleccionar juicios que ofrezcan la posibilidad de lograr
importantes beneficios.
"Es
muy difícil para una pequeña empresa luchar contra una gran compañía",
explica Ralph Sutton, un veterano del sector que lanzó su propia
compañía, Validity Finance, en junio de 2018. Financiar litigios
"permite que los casos sean juzgados por su importancia y no por el
dinero del que dispone una u otra parte", afirma.
Para empezar con su actividad, Sutton recaudó 250 millones de dólares.
En
la plataforma digital LexShares, creada en 2014, los inversores
autorizados pueden elegir el caso en el que quieren invertir, por
ejemplo, una historia de violación de patente, de ruptura de contrato o
de robo de secretos industriales. Sólo asuntos comerciales.
Las empresas que presentaron una demanda pueden solicitar fondos en apenas unos clics en LexShares.
"Hemos
creado un programa que transcribe el texto de las demandas presentadas y
analiza 17 parámetros", explica su fundador Jay Greenberg.
Tras
esa primera selección automática, un equipo de juristas evalúa el
interés del caso, valora la aptitud del abogado y comprueba que el
acusado podrá abonar las posibles indemnizaciones.
Entre
los 80 casos financiados hasta el momento por LexShares, con unos
montos de entre 35.000 y cuatro millones de dólares, se han logrado 20
victorias sobre los 24 juicios terminados.
El
inversor puede perder toda su apuesta en caso de derrota. De media, el
retorno sobre la inversión es del 65% cada año, afirma Greenberg. Y hay
mucha gente dispuesta a invertir en el sector. Con cada nuevo caso
propuesto en el sitio web, "recaudamos los fondos en unas horas", dice.
Es
difícil medir la magnitud de esa industria, ya que las compañías
especializadas suelen ser bastante discretas respecto a los casos que
financian. Pero, en una sociedad especialmente litigiosa como la
estadounidense, el mercado puede ser importante.
Según
las estimaciones de IMF Betham, los gastos en servicios jurídicos se
elevan a 357.600 millones de dólares al año en Estados Unidos, frente a
54.900 millones en Reino Unido, 25.720 millones en Canadá y 19.700
millones en Australia.
A
pesar de la abundancia de casos, la selección es estricta. IMF Bentham
sólo financió cuatro nuevos casos en el segundo semestre de 2018 en
Estados Unidos. Pero eso no impidió que el grupo recaudara 500 millones
de dólares adicionales en diciembre para un fondo destinado a financiar
nuevos juicios.
Ese
nuevo tipo de inversión suscita críticas de quienes temen que la
financiación alimente una profusión de demandas judiciales frívolas.
La
cámara estadounidense de Comercio quiere obligar a los demandantes que
se beneficien de este tipo de financiación a revelar esa información.
Para
Maya Steinz, jurista y profesora en la Universidad de Harvard,
brindarle a los demandantes los medios necesarios para pedir justicia es
útil, aunque señala que "el sector aún está poco regulado".
Este
tipo de operaciones genera por ejemplo dudas sobre una posible
interferencia en la resolución de los casos. Teniendo en cuenta que los
inversores no están sometidos a las mismas obligaciones éticas que los
abogados, ¿puede uno de ellos obligar a un demandante a rechazar o
aceptar un acuerdo con la parte contraria?
"Ese dinero es una herramienta (...) de la que se puede abusar", reconoce Steinz.
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