VARSOVIA.- El viceprimer ministro polaco,
Jaroslaw Gowin, afirmó hoy que el objetivo de su Gobierno es mantener el
déficit presupuestario del país dentro de los parámetros establecidos
por la Unión Europea (UE), pese a las promesas electorales de aumentar
gastos sociales.
Gowin dijo que espera que el déficit
presupuestario de Polonia para este 2019 sea inferior al 3% del
Producto Interior Bruto (PIB) anual del país, como exige la legislación
de la UE.
El viceprimer ministro rechazó las críticas de la
oposición, que cree que el considerable aumento en partidas sociales
(para familias, jóvenes y ancianos, principalmente) prometido por el
Gobierno disparará el gasto público y el déficit.
"Sabemos que el déficit no puede superar el umbral del 3 %, ya que eso
traería una serie de complicaciones legales relacionadas con las
regulaciones de la UE, mientras que los mercados castigarían severamente
a la economía polaca por superar este umbral de seguridad", explicó
Gowin.
Explicó que "los líderes de Ley y Justicia han
decidido que éste es el momento de desarrollar algunos programas
sociales, a la vez que se propone una reducción significativa de
impuestos".
El partido que gobierna Polonia, el
nacionalista Ley y Justicia (PiS), ha pisado el acelerador de la
política social en año de elecciones europeas y generales, con
ambiciosas medidas que rebajan impuestos, aumentan pensiones e
incrementan las ayudas a la natalidad.
Las ayudas a
la natalidad, por ejemplo, se harán universales, con más beneficios para
todas las familias con hijos, independientemente de sus ingresos.
Hasta ahora, las familias solo recibían una ayuda de 500 zlotys
mensuales por hijo (unos 125 euros) a partir del segundo, con
excepciones para las familias con escasos recursos o menores con
problemas graves de salud.
El paquete de medidas
propuesto por el Gobierno polaco tiene un coste estimado de 18.000
millones de zlotys para 2019 (unos 4.500 millones de euros), el 0,8 %
del PIB, y de 40.000 millones de zlotys para 2020 (unos 10.000 millones
de euros), cerca del 2 % del PIB.
El Ejecutivo prevé
financiarlo mediante la reducción de los gastos burocráticos y mejorando
la eficiencia del sistema tributario, sin elevar el déficit.
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